Por la necesidad de votos catalanes en el Congreso, el Gobierno español enviará la iniciativa para quitar al idioma castellano cómo obligatorio en las escuelas de todo el país y dejará esa decisión en las comunidades. La ministra de Educación, Isabel Celaá, consideró que no se realizarán cambios a pesar de esta nueva normativa.

“Lo que dice con total rotundidad es que las administraciones educativas garantizarán el derecho de todos los alumnos y alumnas a recibir enseñanza en castellano y en la lengua co-oficial, conforme a lo establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía”, dijo Celaá al afirmar que es una falsedad que las distintas administraciones quiten el idioma español.

La polémica surge en las comunidades autónomas como el País Vasco y Catalunya que tienen idiomas muy identitarios de esas regiones, por lo que podrán prescindir del español en sus escuelas mientras que la ley lo avalará.

El gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos articula muestras de acercamiento hacia partidos políticos con representación parlamentaria necesarios, cómo el independentista y voraz defensor del catalán Esquerra Republicana de Cataluña, para contar con apoyos suficientes en la vidriosa tarea de aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Recurriremos al Tribunal Constitucional la ley Celaá si el gobierno y sus socios nacionalistas excluyen el castellano como lengua vehicular. (El presidente Pedro) Sánchez pretende permanecer en el poder negociando el futuro de nuestros hijos”, se quejó el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Pablo Casado.

En 2013 se estableció al español como idioma “vehicular” en los centros educativos, osea cómo idioma obligatorio, pero en la Constitución español habla del derecho a conocerlo y hablarlo por parte de sus ciudadanos. Las críticas apuntan a que la llamada “Ley Celaá” va en contra de estos postulados.