El gobierno español aprobó la conocida como "tasa Google", el impuesto sobre los servicios digitales que promueve la Unión Europea (UE), aunque congeló su cobro hasta fin de año, siguiendo la política implementada en Francia a la espera de un acuerdo global y ante la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a los países que graven a sus empresas tecnológicas.

El Ejecutivo de coalición también dio luz verde a la famosa "tasa Tobin", sumándose también a otros países como Francia, Italia y Bélgica, que aplican este gravamen del 2% a las transacciones financieras.

Ambas tributos habían sido aprobados en enero de 2019 por el anterior gobierno del socialista Pedro Sánchez, pero su entrada en vigencia se frustró por la convocatoria anticipada de elecciones.

"España está modernizando su sistema fiscal haciéndolo más progresivo y distributivo", afirmó la ministra de Hacienda y vocera del Ejecutivo, María Jesús Montero, en conferencia de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros español.

"Si la sociedad evoluciona y la tecnologías también, es necesario que la fiscalidad se mueva en esa dirección para mantener su papel redistributivo y evitar la competencia desleal", añadió la ministra.

Montero remarcó que estos nuevos impuestos buscan que las grandes multinacionales digitales tributen donde generan valor, y que España sigue trabajando para llegar a un consenso en el marco de la OCDE y el G20, por lo que "adaptará su legislación interna cuando se alcance un pacto a nivel global".

En ese sentido, la ministra explicó que Madrid no cobrará la "tasa Google" hasta el 20 de diciembre, cuando se tendrá que realizar una liquidación única, si bien después se hará de forma trimestral.

El gobierno francés, que fue pionero en aprobar esta tributación en julio de 2019, suspendió su cobro hasta fin de año, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con poner aranceles a sus vinos.

La propuesta de ley del gobierno español debe pasar por el Parlamento, con lo que no estaría lista hasta mediados de año.

La llamada "tasa Google" -el gobierno español rechaza llamarla así - gravará con 3% los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.