Estados Unidos impuso ayer sanciones económicas a una decena de funcionarios del gobierno de Venezuela, a los que acusó de manipular procesos electorales, censurar a medios de comunicación y cometer actos de corrupción en programas de distribución de alimentos.

Las sanciones, formalizadas por el Departamento del Tesoro, implican el congelamiento de todos los activos que esos funcionarios tengan en Estados Unidos y la prohibición a todo estadounidense de realizar transacciones con ellos.

Las medidas alcanzan a los ministros de la Presidencia, coronel Jorge Márquez; de Cultura, Ernesto Villegas, y de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, y a las directoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) Sandra Oblitas y Socorro Hernández. También al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Elvis Amoroso; a su antecesor en ese cargo y ex embajador, Isaías Rodríguez, y al presidente de la telefónica estatal CANTV, Manuel Fernández, informaron las agencias DPA y EFE.

En ese marco, autoridades del Gobierno de Venezuela prometieron a inversionistas invitados a viajar a Caracas para discutir una reestructuración de su deuda externa, que los funcionarios sancionados por Estados Unidos no participarán en un primer encuentro, según dijeron fuentes del mercado.

La medida se conoció luego de que el Tesoro estadounidense advirtió lo “problemático” que sería para inversionistas tratar con negociadores de Venezuela que están en listas negras de Washington.

Se trataría de una concesión a los términos que el presidente Nicolás Maduro ofreció la semana pasada cuando convocó a una reestructuración de deuda externa e invitó a inversionistas que poseen unos 60.000 millones de dólares en bonos de su país y la petrolera a Caracas el 13 de noviembre.

Maduro ordenó al vicepresidente venezolano, Tarek El Aissami, presidir el comité que creó para las negociaciones. El funcionario está en una lista negra por narcotráfico de Estados Unidos.

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