Después de cuatro días de reuniones y la sensación de que no iba a llegarse a un consenso, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo histórico para poner en marcha un plan billonario destinado a sacar a la economía europea de la recesión por la pandemia de coronavirus.

El fondo de recuperación contará con 750.000 millones de euros para conceder ayudas a los Veintisiete entre 2021 y 2023. De esos fondos, 390.000 millones se distribuirán en subvenciones sin retribución y 360.000 millones como préstamos.

Para financiar el fondo, la Comisión Europea emitirá deuda en los mercados con el respaldo del presupuesto comunitario, para lo que se elevará temporalmente el llamado techo de recursos propios de las cuentas europeas.

La mayor parte del dinero se desembolsará a través del Instrumento para la Recuperación y la Resiliencia, en concreto 672.500 millones de euros, 312.500 de ellos como transferencias directas y 360.000 como créditos. Estas ayudas servirán para financiar programas de reformas e inversiones en los países más afectados por la pandemia.

Para el reparto se dividirá el fondo en dos franjas: el 70% del dinero se comprometerá entre 2021 y 2022 y el 30% restante hasta el final de 2023.

La primera franja se repartirá entre los países teniendo en cuenta la población, el PIB y el nivel de desempleo  entre 2015 y 2019 de cada Estado, siguiendo así la clave de reparto propuesta por la Comisión Europea que dejaba a Italia, España y Polonia como principales beneficiarias. 

Para acceder a los fondos, los países tendrán que presentar planes de reformas e inversiones a la Comisión Europea, que deberá aprobarlos por mayoría calificada en el Consejo (al menos quince Estados miembros que representen el 65% de toda la población de la UE).

Una vez puesto en marcha el plan, si uno o varios países consideran que hay incumplimientos, podrán elevar el asunto a una cumbre de líderes comunitarios, con lo que el pago se paralizará hasta que aborden la cuestión. Este sistema, conocido como "freno de emergencia", se introdujo para contentar a Holanda, que pedía derecho de veto sobre las reformas propuestas por otros países, algo a lo que se negaban el resto de los Veintisiete.