La Corte Suprema de Estados Unidos decidió, después de casi una semana de deliberación, suspender el decreto del presidente Joe Biden que obligaba a las empresas de 100 empleados o más a exigir la vacunación completa a sus trabajadores. Según los jueces, el organismo que hacía cumplir esta norma, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), no tiene la autoridad necesaria para hacerlo.

La Corte, que cuenta con un presidente y ocho jueces, comunicó que la votación terminó en 6con un 6 a 3 a favor de la invalidación del decreto. “Aunque el Congreso indiscutiblemente le ha dado a OSHA el poder de regular los peligros laborales, no le ha dado a esa agencia el poder de regular la salud pública de manera más amplia”, dijo la mayoría en una opinión sin firmar. Los jueces, de mayoría conservadora, consideraron que esta oblgatoriedad era una imposición indebida en la vida y la salud de muchos estadounidenses.

Después de la decisión, Biden expresó su decepción con la corte. El mandatario declaró que ahora depende de los estados y los empleadores decidir si requieren que los trabajadores "tomen el paso simple y efectivo de vacunarse". 

En esta línea se expresaron quienes votaron a favor del decreto, los jueces de corte liberal Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan: “Desde nuestro punto de vista, la orden de la Corte aplica gravemente mal los estándares legales aplicables. Y al hacerlo, obstaculiza la capacidad del Gobierno Federal para contrarrestar la amenaza sin precedentes que el Covid-19 representa para los trabajadores de nuestra Nación”.

La mayoría conservadora de la Corte se opuso al decreto presidencial

“Actuando fuera de su competencia y sin fundamento legal, la Corte desplaza los juicios de los funcionarios del Gobierno a los que se les ha dado la responsabilidad de responder a las emergencias de salud en el trabajo”, concluyeron los magistrados.

La anulación del decreto impone otro cambio en la política de las empresas, que enfrentaban la disyuntiva de cumplir o no con un decreto todavía no avalado por la Corte, a riesgo de sufrir multas, renuncias o quejas. Así, más de 80 millones de empleados tendrán en sus manos la decisión de vacunarse sin que eso implique ser suspendidos o despedidos de sus trabajos. 

"Exigir la vacunación de 84 millones de estadounidenses, seleccionados simplemente porque trabajan para empleadores con más de 100 empleados, ciertamente cae en la última categoría", resumieron los jueces que se opusieron a la medida. 

Así, las grandes empresas tienen un problema menos con el que lidiar, aunque todavía deben decidir, esta vez por sí solas y sin ningún mandato del gobierno nacional, qué hacer con la presencialidad en las oficinas, ya que más de la mitad de los estadounidenses prefiere quedarse en su casa hasta sentirse seguros de volver. En un contexto de un fuerte aumento de casos de coronavirus —más de 1,4 millones en un día— la presencialidad está cada vez más amenazada.

La misma regla sí aplica para los trabajadores de la salud

En otra decisión de la corte, con una ajustada votación de 5 contra 4, los jueces avalaron la obligatoriedad de vacunación para los proveedores de  Medicare y Medicaid. Según los magistrados, a diferencia del caso de OSHA, esto sí estaba justificado por la cláusula de gasto de la Constitución, que permite al gobierno federal imponer condiciones cuando proporciona fondos para programas como Medicaid y Medicare.

Además la norma sirvió para proteger a los pacientes de estar expuestos a mayores riesgos cuando se encuentran en un hospital, asilo de ancianos, o siendo atendidos por otras entidades de salud, dijo el tribunal, citado por NPR.

Biden agradeció una decisión, pero se mostró "decepcionado" con otra

"Por lo tanto, la regla se ajusta perfectamente al lenguaje del estatuto. Después de todo, garantizar que los proveedores tomen medidas para evitar transmitir un virus peligroso a sus pacientes es consistente con el principio fundamental de la profesión médica: primero, no hacer daño. Sería 'todo lo contrario de una administración eficiente y eficaz para una instalación que se supone que debe ayudar a las personas a enfermarlas con Covid-19'", explicó la Corte.

De esta manera, es oficialmente obligatoria la vacunación para unos 10.3 millones de trabajadores que se desempeñan en más de 76.000 centros de atención médica, incluidos hospitales y asilos de ancianos que aceptan dinero de los programas gubernamentales de seguro médico Medicare y Medicaid para personas mayores, discapacitadas y de bajos ingresos.

En este caso, el presidente del Tribunal Supremo John Roberts y el juez Brett Kavanaugh, se unieron a los liberales en la mayoría. A ellos les agradeció Biden, que declaró que la decisión “salvará vidas” y que su administración la hará cumplir. Los trabajadores deben estar vacunados a fines de febrero, según impone el mandato.