En momentos en que desde el gobierno argentino se plantea la necesidad de declarar a Internet un servicio público, a fin de garantizar el acceso de la población y evitar sobrecostos en el precio de las tarifas, el Banco Mundial resalta la necesidad de una fuerte presencia estatal que impulse la inclusión digital de importantes sectores de la población de la región, a través de inversiones en infraestructura, políticas ambiciosas y marcos regulatorios que den previsibilidad al sector, que puede ser la clave para una recuperación resiliente e inclusiva en América Latina. 

Así lo indica un informe del organismo multilateral, que resalta que la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus impactó en América Latina y el Caribe con mayor fuerza que en cualquier otra región del mundo, remarcando la necesidad de una recuperación con mejores bases y mayores alcances que las registradas en situaciones críticas anteriores. 

Y en un contexto en el que la creciente expansión de la tecnología 4G y las inminentes licitaciones del espectro 5G (por ejemplo en Brasil)  abren una ventana de oportunidad para brindar nuevas herramientas a la población en ítems tales como educación a distancia, transferencias de efectivo digitales, telemedicina y servicios públicos en línea.

El texto del organismo que lleva las firmas de Franz Drees-Gross y Pepe Zhang expone contundentes argumentos a favor del impulso a la digitalización de la región. Para ambos autores, es clave brindar mayor acceso para asegurar la inclusión social y financiera, así como mejorar los resultados en materia de aprendizaje y salud que tendrán grandes sectores de la población.

Falencias

Y es que en la actualidad, casi la mitad de la población adulta de la región no está bancarizada, además de que unos 170 millones de estudiantes latinoamericanos fueron afectados por el cierre de escuelas para evitar mayor cantidad de contagios durante la pandemia.

En ese contexto, a nivel salud el 71% de los países experimentó interrupciones en la prestación de atención para enfermedades no transmisibles en los primeros meses de la crisis.

Un vistazo general permite apreciar otra realidad común que atraviesa a los países latinoamericanos: la cobertura deficiente y desigual, junto con los altos costos de los datos y dispositivos, obstaculizan el acceso digital.

El Banco Mundial puntualiza que hoy por hoy menos del 50% de la población de América Latina y el Caribe tiene conectividad de banda ancha fija y solo el 9,9% cuenta con fibra óptica de alta calidad en sus hogares. Y aunque un 87% de la población vive dentro del alcance de una señal de 4G, el uso y la penetración reales siguen siendo bajos (37% ). Sumado a esta situación general, sólo 4 de cada 10 latinoamericanos que habitan en zonas rurales tienen opciones de conectividad, comparados con el 71% de la población de las ciudades.

Como si estas dificultades fueran poco, debemos sumar que los planes de datos y los dispositivos con internet son prácticamente elementos de lujo para las personas pobres en la región. Según señalan los expertos del BM, el costo de un plan de datos de solo 1GB representa en promedio el 2,7% del ingreso familiar mensual (o entre el 8% y el 10% para el quintil inferior en algunos países), muy por encima del 2% que la Unión Internacional de Telecomunicaciones establece como umbral de accesibilidad. A esto debe agregarse que el costo del teléfono inteligente básico más barato disponible representa entre el 4% y el 12% del ingreso familiar promedio en gran parte de la región, aunque llega al 31% en Guatemala, el 34 % en Nicaragua y el ¡¡84%!!! en Haití.

Estos costos desproporcionadamente altos para las poblaciones vulnerables ya están generando nuevas formas de desigualdad en la que ya es la región más desigual en el mundo según los indicadores de diversas entidades internacionales.

Enfatiza el Banco Mundial que el enfrentar la brecha digital no sólo es urgente, sino que requerirá políticas firmes y enfocadas en reducir los costos, ampliar el acceso digital e incentivar una mayor participación ciudadana y del sector privado. Para ello, realiza una serie de recomendaciones.

En primer lugar, los gobiernos latinoamericanos deben buscar la inclusión a través del suministro de servicio y reformas jurídicas y regulatorias, aseguran Franz Drees-Gross y Pepe Zhang, incluyendo (pero no limitándose a) el establecimiento de sistemas de identificación digital para todos los ciudadanos, a fin de permitir un acceso seguro y confiable a plataformas públicas y privadas; la promoción del intercambio de infraestructuras entre los operadores de las redes y el acceso a la "fibra oscura" de propiedad de los gobiernos, las empresas de servicios públicos y otros.

Asimismo se debe impulsar el aumento de la competencia en un mercado altamente concentrado de operadores móviles para estimular la innovación y las inversiones promocionando el libre acceso, la neutralidad tecnológica y mayores opciones de seguridad; incluir dentro de los pliegos de licencias de espectro 4G y 5G la obligación de construcción de redes para las zonas con menor cobertura, así como también deben agilizarse los procesos de aprobación y administración.

Inversiones

Los países de la región que cuentan con regulaciones claras y predecibles atraen casi un 50% más de inversiones en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), y un 64 % más cuando se combinan con buenas instituciones, dice el Banco Mundial.

Asimismo, los responsables de la formulación de políticas deben considerar el otorgamiento de incentivos financieros directos o indirectos tanto para los clientes como para los operadores digitales. Por el lado de la demanda, subsidiar los costos de internet para los más pobres y reducir los impuestos y aranceles aduaneros en dispositivos de bajo costo con internet ayudaría a reducir los precios que excluyen a los pobres. Por el lado de la oferta, los gobiernos pueden usar concesiones de subsidio mínimas o incentivos fiscales temporales a la inversión para inducir a los operadores de redes a extender el servicio a las regiones desatendidas. 

Y si bien un programa ambicioso de ampliación  del acceso digital requerirá importantes inversiones tanto públicas como privadas, son relativamente modestas en relación con otros sectores, dice el BM. En la próxima década, la universalización del acceso de banda ancha en Latinoamérica costará el 0,12% del PIB anual de la región; la implementación de la tecnología 5G en centros metropolitanos de primer y segundo nivel un 0,17% y el logro de las metas de conectividad de la OCDE, un 0,62 por ciento. 

Por último, la expansión digital no debería operar en un "silo de conectividad", consideran los especialistas de la entidad multilateral, que creen necesario acelerar medidas complementarias, como la formación en habilidades digitales, ya que sólo entre el 5% y el 15% de los adultos en la mayoría de los países de la región tienen habilidades informáticas y de resolución de problemas de nivel medio o alto en entornos con un elevado grado de tecnología, frente al 29,7% en los países de la OCDE.

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Hector Medina

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