El Tribunal de primera instancia de Inglaterra rechazó extraditar a Julian Assange a Estados Unidos debido a la frágil salud mental del fundador de WikiLeaks, que conlleva el riesgo de suicido.

"He decidido que la extradición sería opresiva", dictó la magistrada Vanessa Baraitser en la sala dos del Old Bailey de Londres, el Tribunal Penal Nacional, según indicó el sitio web Sputnik.

La jueza aceptó el diagnóstico de siquiatras de que Assange sufre "desorden depresivo recurrente, que fue severo… y con alucinaciones sicóticas" y coincidió con los expertos que opinan que padece el síndrome de Asperger.

"Mi impresión general es la de un hombre deprimido y, en ocasiones, desesperado ante las perspectivas de futuro", señaló la jueza.

Baraitser se declaró convencida de que el profesional australiano encontraría la forma de suicidarse en una prisión de alta seguridad de EEUU.

Washington indicó su intención de apelar la decisión del tribunal de primera instancia, a través sus representantes legales británicos en el procedimiento. 

La magistrada convocó a una audiencia para este miércoles, en la que se abordará la posibilidad de conceder la libertad condicional a Assange hasta que se resuelva la apelación.

Baraitser dio por hecho que el periodista y programador australiano, a quien EEUU acusa de cargos de espionaje y uno de pirateo informático, sería detenido en centros de máxima seguridad, en régimen de aislamiento, si fuera extraditado.

"Estoy convencida de que, en esas duras condiciones, la salud mental del señor Assange se deterioraría, llevándole a cometer suicidio", afirmó en la lectura de amplias secciones de su dictamen.

En este sentido, consideró que los procedimientos del sistema penal estadounidense "no evitarían que el señor Assange encuentre la manera de suicidarse".

Sin embargo, la jueza tumbó con estricta precisión el resto de los motivos que el equipo legal del profesional australiano planteó, a lo largo del proceso judicial, entre sus argumentos en contra de la entrega a Washington.

Baraitser dio la razón a la acusación al señalar que la ley (británica) de Extradición de 2003 tiene prioridad sobre el convenio al respecto que Reino Unido y EEUU ratificaron ese mismo año. El acuerdo internacional, que sigue vigente, enumera explícitamente los delitos políticos entre los impedimentos para entregar a un individuo.

Y rechazó los alegatos y testimonios de decenas de expertos que trataron de apuntalar la posición de la defensa sobre abuso de proceso y violación de los derechos humanos del exeditor y programador informático, que tuvo dos hijos en los últimos años de su refugio en la embajada de Ecuador en Londres.

La Justicia estadounidense reclama al exdirector de WikiLeaks para juzgarle por un cargo de conspiración para infiltrar sistemas informáticos gubernamentales y otros diecisiete por supuestos delitos de obtención y difusión de información confidencial en violación de la ley de Espionaje.

Las imputaciones están relacionadas con la publicación en WikiLeaks de unos 90.000 partes de actividades de la guerra en Afganistán, 400.000 de acciones en Irak, 250.000 "cables sin editar" del Departamento de Estado y más de 800 informes sobre los reclusos retenidos en Guantánamo.