La Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó la detención domiciliaria preventiva del senador y expresidente Álvaro Uribe por los delitos de "fraude procesal" y "soborno", en la primera vez en la historia del país en que una medida de este tipo es impuesta a un exmandatario.

La noticia, publicada originalmente por la emisora local W Radio, fue confirmada por el mismo Uribe en su cuenta de Twitter.

Uno de los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema -único órgano competente en Colombia para investigar a parlamentarios- llamó al exgobernante para notificarle del arresto domiciliario, según el diario El Espectador.

La decisión del tribunal es un medida cautelar a la espera del juicio que deberá enfrentar el legislador por la investigación, iniciada en 2018, por su supuesto intento de manipulación del procesado Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que lo vinculó con la creación del bloque Metro de las Autodefensas -el más grande del país-, que operó en el departamento Antioquia, del que Uribe fue gobernador entre 1995 y 1997.

Poco después de conocerse la noticia de la orden de detención, el presidente Iván Duque defendió al exmandatario, al que calificó de "honorable".

La noticia fue celebrada por la oposición, entre ella por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), integrado por miembros de la antigua organización guerrillera que firmó la paz con el Gobierno anterior de Juan Manuel Santos en 2016.

El expresidente (2002-10) y senador del oficialista Centro Democrático aportó su versión de los hechos en octubre pasado, en una indagatoria que paralizó entonces las actividades en el Palacio de Justicia y generó un sismo político con manifestaciones a favor y en contra de Uribe.

El caso por el que es investigado se remonta a 2012, cuando en un debate parlamentario el senador del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda lo vinculó con el surgimiento del paramilitarismo en Antioquia y el auge del narcotráfico en el país.

Ante esas acusaciones, Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema por el presunto uso de falsos testigos y lo inculpó de buscar a exparamilitares en las cárceles y convencerlos para que declararan en su contra.

Sin embargo, el entonces magistrado auxiliar de la Sala Penal de Colombia, José Luis Barceló, decidió archivar en febrero de 2018 la denuncia y consideró que había elementos para abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos contra Cepeda.