La Justicia española está pendiente de que los "indicios de criminalidad" que aprecia en una investigación sobre Juan Carlos I sean confirmados o descartados en Suiza, mientras la defensa del rey emérito de España considera que carecen de justificación.

La Fiscalía del Tribunal Supremo de España emitió el viernes un breve comunicado tras una publicación del diario español El Mundo que señalaba que Juan Carlos I cobró "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales".

Al respecto, la Fiscalía recordó que tiene abiertas tres diligencias de investigación referidas al rey emérito, una por el cobro de 65 millones de euros (unos 77 millones de dólares) en una cuenta en Suiza por presuntas comisiones de obras del tren de alta velocidad en Arabia Saudí, adjudicadas a empresas españolas, que en 2012 donó a la que fue su amiga íntima, Corinna Larsen.

Inspecciones

Otra investigación se centra en definir si recibió donaciones no declaradas y una tercera respecto de si ocultó fondos en paraísos fiscales.

Simultáneamente, la Hacienda española inspecciona las dos regularizaciones fiscales llevadas adelanted por Juan Carlos I, una por cerca de 5,3 millones y otra por unos 823.000 dólares.

Dentro de esas diligencias, la Fiscalía remitió una comisión rogatoria a las autoridades judiciales suizas, cuya respuesta servirá para "confirmar o descartar esos indicios, o incluso abrir otras vías de investigación".

Ilícitos

"No estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del fiscal, sino en el marco de una solicitud de información" en la que "simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación", precisó.

Juan Carlos I, de 83 años, permanece desde hace un año en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) tras irse de España por sus presuntos negocios irregulares en el extranjero.

La fiscalía considera que los fondos investigados tienen procedencia ilícita e investiga posibles delitos de "blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias".

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