Un 61% de los rusos apoya la enmienda constitucional que permitiría al presidente de Rusia, Vladímir Putin, postularse a un quinto e incluso un sexto mandato, según una encuesta publicada este martes.

De acuerdo al sondeo elaborado por el Centro Ruso de Estudios de la Opinión Pública de cara al plebiscito convocado para el próximo 22 de abril, la enmienda más importante para los rusos es la que obligaría al Estado a asegurar la disponibilidad y calidad de la atención médica (95%).

La modificación menos importante para los rusos es, con un 47% de apoyo, que el Consejo de la Federación (Senado) y la Duma del Estado (Cámara Baja) reciban más poderes, según la encuesta efectuada el pasado día 22 a 1.600 ciudadanos mayores de 18 años.

Según el estudio del organismo dependiente del Gobierno, la eliminación de "las restricciones a que un expresidente o actual presidente pueda participar en elecciones presidenciales futuras" es apoyado por el 61% de los rusos.

La actual Constitución, de 1993, no permite el ejercicio de la jefatura del Estado durante "más de dos mandatos consecutivos".

Pero los cambios constitucionales aprobados por el Parlamento y avalados por el Tribunal Constitucional eliminan la palabra "consecutivos" y permiten al presidente en ejercicio en el momento de su entrada en vigor, es decir a Putin, postularse a la reelección independientemente del número de mandatos que haya ejercido.

El mandatario, que lleva 20 años en el poder, podría así permanecer en el Kremlin hasta 2036.

Más importante que esto sin embargo para el 93% de los rusos es que la Carta Magna reconozca a los niños como prioritarios para la política del Estado, al igual que las provisiones sobre el apoyo social a los infantes.

También valoran los rusos sobre todo las enmiendas que protegen y preservan la diversidad única natural de Rusia, la garantía de un apoyo social específico y la indexación de las subvenciones sociales y la indexación anual obligatoria de las pensiones, los tres ítems con 92 por ciento.

Un 91% de los ciudadanos consideran además positiva la obligación por parte del Estado de apoyar el desarrollo científico y tecnológico, y nueve de cada diez se pronuncian a favor del reconocimiento del Estado como responsable de la protección de los derechos de los trabajadores y del establecimiento de un salario mínimo por encima de lo que se considera el umbral de pobreza.