La región de Cataluña acarició el sueño del Estado propio cuando el 27 de octubre proclamó la independencia de España de forma unilateral, en su intento por culminar un proceso de secesión inédito en el corazón de Europa y que, por ahora, se vio frustrado por el Ejecutivo español. Los catalanes celebrarán elecciones regionales el jueves próximo, con la esperanza de dar una salida al conflicto, aunque los sondeos pronostican un escenario de ingobernabilidad ante la ausencia de una mayoría clara independentista o "unionista".

El proceso de secesión impulsado por el gobierno del ex presidente catalán Carles Puigdemont entró en una fase decisiva y vertiginosa entre el 6 y 7 de septiembre. Aquellos dos días, los independentistas de la coalición Junts pel Sí (Juntos por el Sí), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), utilizaron su mayoría en el Parlamento catalán para aprobar la "Ley del referéndum" y "Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República" para la "desconexión" con España. Por su parte, Puigdemont firmó el decreto que convocó a un referéndum de secesión para el 1 de octubre.

La leyes, aprobadas en medio de denuncias de la oposición sobre la vulneración de sus derechos, fueron suspendidas de inmediato por el Tribunal Constitucional. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que el referéndum no se celebraría, y la Fiscalía presentó querellas penales contra Puigdemont y su gobierno por desobediencia, prevaricato y malversación por pretender celebrar el referéndum.

El 20 de septiembre, la Guardia Civil detuvo a 14 altos cargos del gobierno catalán implicados en la logística de la votación, lo que desencadenó una masiva protesta ciudadana. En los días posteriores, la Justicia ordenó a las fuerzas de seguridad distintas acciones para evitar la votación, lo que llevó al cierre de páginas webs -algo inédito en democracia-, la incautación de boletas del referéndum, sobres, urnas y se ordenó el cierre de colegios electorales.

A pesar de las medidas y a la prohibición judicial, el 1 de octubre hubo urnas, boletas y centros de votación abiertos gracias a un plan ejecutado de forma conjunta por las autoridades catalanes y los militantes independentistas. Ante la supuesta inacción de la policía catalana, la Policía Nacional y la Guardia Civil española se abrieron paso a la fuerza entre los votantes, dejando decenas de heridos. Las imágenes recorrieron el mundo y generaron nuevas protestas en Cataluña y otros puntos de España.

El gobierno catalán anunció que habían logrado votar 2,2 millones de personas (42% del padrón), y que el 89% se pronunció a favor de la secesión. En medio de las protestas, el 3 de octubre, el rey Felipe VI advirtió en un mensaje televisado a los españoles que los independentistas habían quebrantado el orden constitucional, preparando el terreno para una intervención. Se inició una fuga de empresas de Cataluña.

El 10 de octubre, Puigdemont compareció en el Parlamento catalán, donde afirmó que tenía el "mandato popular" para declarar la independencia, pero lo dejaba en "suspenso" para abrir un diálogo con el Estado. Ante la confusa situación, Rajoy lanzó un ultimátum al presidente catalán para que aclarara si había declarado o no la independencia de forma unilateral, bajo la advertencia de que en caso de no tener respuesta activaría el artículo 155 de la Constitución, interviniendo la región.

El 15 de octubre, los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, fueron enviados a prisión por su papel en las protestas previas al referéndum de secesión. El 27 de octubre, Puidemont amagó con convocar elecciones de forma anticipada, pero ante la presión de los militantes independentistas finalmente saltó al vacío: el Parlamento catalán proclamó la independencia de forma simbólica y aprobó el nacimiento de la República catalana. En simultáneo el Senado español dio luz verde al la intervención de la norteña región y Rajoy anunció el cese del gobierno catalán en bloque y elecciones anticipadas para el 21 de diciembre.

Tres días después, la Fiscalía presentó querellas penales contra Puigdemont y su gobierno y contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por rebelión, sedición y malversación por intentar llevar a Cataluña a la secesión. El presidente catalán ya destituido se desplazó a Bélgica junto con cuatro ex consejeros de su gobierno coincidiendo con la toma de control de las instituciones catalanas por parte de Madrid.

El 2 de noviembre, una jueza de la Audiencia Nacional tomó declaración al resto de miembros del gobierno depuesto, con el ex vicepresidente Oriol Junqueras a la cabeza, y ordena su ingreso a prisión provisional sin fianza. También dictó orden internacional de detención contra Puigdemont. Coincidiendo con el inicio de la campaña electoral, y luego de que el Tribunal Supremo español asumiera la investigación, se levantó la orden de detención contra Puigdemont y la mayoría de políticos encarcelados fueron liberados.

El intento de secesión catalán provocó la mayor crisis política e institucional en casi 40 años de democracia en España y puso en vilo a la Unión Europea (UE), en un momento clave para el futuro del proyecto común, amenazado por el ascenso del nacionalismo de extrema derecha en Francia, Holanda y Alemania.