El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva rechazó utilizar el derecho que tiene a partir de ayer de solicitar la prisión domiciliaria, a raíz de que ya cumplió un sexto de la pena por corrupción a la que fue condenado por la Operación Lava Jato, a la cual califica como una maniobra política para quitarlo, el año pasado, de la carrera electoral presidencial.

"Lula no quiere ejercer ese derecho porque sostiene que no practicó ningún delito", dijo al diario O Estado de Sao Paulo el abogado del ex presidente, Cristiano Zanin Martins.

El Superior Tribunal de Justicia, en abril, redujo de 12 a 8 años de prisión la condena de Lula por corrupción a la que lo había condenado en 2017 el entonces juez Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro.

El ex presidente orientó a sus abogados a que señalen que por el momento no prevé asumir el derecho de lo que se denomina "progresión de la pena", es decir, permitir un arresto domiciliario con tobillera electrónica o tener que volver a prisión a dormir todas las noches.

El líder opositor espera que el Supremo Tribunal Federal, máxima corte del país, anule su sentencia a raíz de las pruebas ofrecidas por el sitio The Intercept, que reveló diálogos en chats de fiscales y el juez Moro supuestamente tramando contra Lula para sacarlo del juego electoral sin pruebas.

Por qué Lula está condenado

Lula, de 73 años, gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y está preso desde el 7 de abril de 2018 en una celda en la sede de la Policía Federal en Curitiba.

El caso por el que fue condenado se refiere a un departamento que habría recibido en propiedad oculta en la playa de Guarujá por parte de la empresa OAS, en el marco de la megacausa llamada Lava Jato, que investiga desvíos originados en contratos de la estatal petrolera Petrobras.

La condena contra Lula por el departamento de Guarujá le impidió presentarse a las elecciones del año pasado, en las cuales era el favorito según todas las encuestas, incluso desde la cárcel.