Un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados de España aprobó por mayoría absoluta un proyecto de ley orgánica de regulación de la eutanasia, que convalida el derecho del los pacientes de enfermedades incurables o invalidantes a solicitar ayuda para morir.

El texto, que en la Cámara Baja tuvo 198 votos a favor y 138 en contra, queda pendiente de su ratificación por parte del Senado, que se descuenta ya que tiene apoyos suficientes, lo que convertiría a España en el sexto país del mundo en aprobar una normativade este tipo, después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia, informa el sitio web RTenespañol.

La tramitación de este marco legal, cuya primera propuesta parlamentaria en España se remonta a 1994, siempre causó controversia por sus implicaciones éticas, y despertó especial rechazo entre los partidos más conservadores. Incluso en esta ocasión, a pesar del amplio respaldo parlamentario recibido, el principal partido de la oposición, el Partido Popular, votó en contra. 

Según el texto aprobado, podrán ejercer este derecho todas las personas mayores de edad que tengan la nacionalidad española –o residencia legal en España–, y que sean plenamente capaces y conscientes de su solicitud. Esta, en todo caso, podrá ser retirada cuando el solicitante lo desee.

El paciente debe tener a su disposición y por escrito toda la información médica sobre su proceso y conocer todas las alternativas a este, incluida la de acceder a cuidados paliativos. 

Además, debe llenar dos formularios (entre los que transcurrirán 15 días) en los que de manera voluntaria deje claro su consentimiento informado.

Paralelamente, un médico debe certificar que sufre una enfermedad grave e incurable o padece una enfermedad grave, crónica e invalidante. Este médico también puede agilizar el trámite reduciendo los plazos estipulados si considera que la muerte de la persona solicitante o su pérdida de capacidad para otorgar consentimiento son inminentes.

En ninguna circunstancia podrá requerir la eutanasia un menor, ni sus padres podrán solicitarla para este. 

Y también hay espacio para la objeción de conciencia entre los profesionales sanitarios: la norma establece que tienen el "derecho individual a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta ley que resultan incompatibles con sus propias convicciones".

En cualquier caso, las administraciones regionales del país deben garantizar al paciente dicha prestación si cumple los requisitos para solicitarla.

El 78 % de los españoles ya se mostró a favor de la promulgación de una ley que regulara el derecho a la muerte digna la última vez que una encuesta del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) preguntó al respecto, en el año 2011.