El expresidente peruano, Alberto Fujimori, deberá responder en un juicio por las miles de esterilizaciones forzadas que se realizaron bajo su Gobierno durante la década de los noventa. Sus víctimas fueron mayoritariamente mujeres campesinas, pobres y quechuas. También están acusados tres ministros de Salud que ejercieron en la Administración del exmandatario.

La justicia peruana inició este lunes un nuevo proceso contra Fujimori por su presunto involucramiento en el delito de lesiones seguidas de muerte de cinco mujeres y lesiones graves de otras 1.301, quienes fueron esterilizadas contra su voluntad durante su mandato que duró de 1990 al 2000. En concreto, se lo acusa de autoría mediata, es decir que es considerado autor principal del delito aún a pesar de no haber estado involucrado en su comisión material.

Según la Fiscalía y numerosas víctimas, Fujimori impulsó el programa de esterilizaciones que supuestamente debía ser voluntario, pero que en la práctica imposibilitó el embarazo a mayoritariamente a mujeres, aunque también a hombres, sin su consentimiento. La mayoría de víctimas eran campesinas de pocos recursos y hablantes únicamente de quechua. Por esta última razón los defensores de las víctimas solicitaron la presencia de traductores de variantes del idioma andino.

Además de Fujimori, también son juzgados los exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, junto con el exdirector de Salud Ulises Aguilar. Uno de los fiscales de la causa Pablo Espinoza subrayó que todos "hicieron mucho daño con su política" al "jugar con las vidas y la salud reproductiva de las personas".

El proceso judicial dirigido por el juez Rafael Martínez empezó tras 17 años de exigencias por parte de activistas por los derechos humanos y trabas en el pasado impuestas por la propia fiscalía, que archivó más de una vez las investigaciones.

El exmandatario peruano gobernó entre 1990 y el 2000

Las víctimas podrian ser cientos de miles más 

De acuerdo a distintos organismos de Derechos Humanos de Perú, las víctimas podrían ascender a 270.000, o incluso más, aunque el juicio está basado en los testimonios de 1.300 personas que sufrieron lesiones graves a causa de la esterilización y cinco que murieron.  El plan, llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, fue impulsado entre 1996 y 2000

Fujimori no acudió al juicio, que se realizaba de manera virtual, sino que lo hizo en su nombre el abogado César Nakazaki, ya que sostiene que no debería ser procesado por este caso porque no lo incluyeron en su expediente cuando fue extraditado de Chile. El exmandatario de ascendencia nipona desde 2009  se encuentra cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por su responsabilidad en los asesinatos de 25 personas entre 1991 y 1992
 

El objetivo: reducir la población pobre e indígena 

"El Estado había manifestado su intención de esterilizar a todos los pobres, porque no hay agraviadas de otros sectores sociales", afirmó Espinoza durante la sustentación de sus cargos. El plan gubernamental buscaba así "reducir la pobreza", reduciendo a la población más vulnerable. Según un documento firmado por el exministro Costa, el Gobierno planeaba realizar 150.000 ligaduras de trompas solo en 1997.


La inmensa mayoría de víctimas son mujeres campesinas que, en muchas ocasiones, tenían el quechua como su idioma principal y entendían el español con dificultades, algo que el Gobierno de Fujimori aprovechaba. 

De acuerdo a los testimonios, el personal de salud estaba coaccionado a cumplir con los objetivos de esterilización, mientras que a las mujeres se las amenazaba si no aceptaban someterse a la cirugía. 


Las historias de las víctimas

Uno de los casos que el fiscal sacó a relucir durante la primera sesión del juicio es el de Mamérita Mestanza, que murió en 1998 por complicaciones de la operación. Mestanza no sabía leer ni escribir y solo hablaba quechua. Sin embargo, la autorización que firmó para la cirugía de esterilización estaba en español. 

La joven de 19 años había ido a un centro de salud simplemente para vacunar a su hijo, todavía un bebé. En ese lugar fue que le indicaron que debía ligarse las trompas, la anestesiaron y se desmayó. A la mañana siguiente, se despertó y la mandaron de regreso a su casa sin ningún tipo de acompañamiento médico, moríria poco despues.

Una de las víctimas sobrevivientes fue Nancy Sánchez, esterilizada en 1999. Cuando la mujer se recuperó de la anestesia después de dar a luz, se encontró un corte en el abdomen que no era producto del parto. Le habían hecho un ligamiento de trompas. Cuando preguntó a los médicos, esta fue su respuesta: "Ya se le ligó, el Gobierno no está para mantener a mucha gente", relató Sanchez a France 24.