El gobierno chileno presentará a mediados de marzo un paquete de proyectos de Modernización Laboral, que entre otros ítems crea un "sistema alternativo" que reduce a la mitad las indemnizaciones por despido, que pasarían a medio mes por año trabajado en lugar de los 30 días por año trabajado previstos por la ley hasta el momento, y que se pagaría también en caso de renuncia del trabajador.

Para el financiamiento de la indemnización, los empleadores depositarán en una cuenta individual en el seguro de cesantía, a nombre del trabajador, el equivalente a 4,11% de su remuneración bruta mensual, la que junto a la rentabilidad que obtengan dichos fondos, se pagarán al empleado una vez que termine el vínculo laboral con su empleador.

Tanto parlamentarios de la oposición como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ya rechazaron, de antemano, cualquier cambio que se haga al mecanismo indemnizatorio actual.

La reforma tendría 5 grandes ejes, a saber: de adaptabilidad y conciliación trabajo-familia; nuevas formas de empleo; competencias y mejor formación; nuevas formas de fiscalización y relaciones colectivas más justas.

Entre los argumentos señalaron que según el Foro Económico Mundial, Chile ocupa el lugar 112 entre 137 países. Considerando el período de aviso y el monto pagado por indemnización, el costo de despedir a un trabajador con cinco años de antigüedad en Chile es de aproximadamente 26 semanas de salario, mientras que el costo promedio de los países OCDE es de 14 semanas .

Actualmente, la indemnización por años de servicio se paga sólo cuando el trabajador contratado es despedido por necesidades de la empresa. La iniciativa del gobierno propone que sea a todo evento, es decir, por cualquier causal de despido o renuncia del trabajador.

De acuerdo con el anteproyecto, esto se aplicaría sólo a contratos futuros, no a los actuales, donde el trabajador en acuerdo con el empleador decidirá a cuál sistema adherirse.