La ministra del Interior italiana, Luciana Lamorgese, afirmó que unas 200.000 personas podrían ser beneficiadas por el decreto que, a raíz de la emergencia del coronavirus, permite la regularización de trabajadores extranjeros del sector agrícola y de trabajo doméstico que ya se encuentran en el país.

Según planteó Lamorgese en una entrevista que publica el diario Corriere, la cantidad de personas a regularizar "estará a mitad de camino entre las 300.000 regularizadas por el gobierno de Silvio Berlusconi y las 100.000 de la administración de Mario Monti".

La regularización de trabajadores de los sectores agrícola y de tareas domésticas, anunciada a última hora del miércoles como parte de un decreto de 55.000 millones de euros dispuesto por el gobierno de Giuseppe Conte para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, abarcará a las personas que ya se encuentran en Italia con permisos de residencia vencidos y a los que están en el país sin papeles.

Según organizaciones no gubernamentales, el número de personas alcanzadas por la nueva norma podría llegar en cambio a las 600.000.

La norma, según el decreto presentado por la impulsora de la iniciativa y ministra de Políticas Agrícolas, Teresa Bellanova, otorgará un permiso de residencia temporal por seis meses, renovable una vez, y que podría derivar en un permiso permanente si el trabajador consigue estabilidad laboral.

El costo del permiso sería de 160 euros para el trabajador y de 400 por cada persona contratada para el empresario.

Así, la regularización, según varios estudios, podría dar un extra de 2.600 millones de euros por año a los ingresos del Estado.

Según Lamorgese, la norma "no es una amnistía, sino un procedimiento de emergencia y regularización que, al igual que lo que han hecho otros gobiernos, pone la atención sobre las relaciones laborales y los inmigrantes irregulares sobre los cuales, ahora, podemos tener datos personales, de seguridad social y de salud disponibles, incluidos los útiles para gestionar la emergencia Covid-19, e incluso en contextos sociales que son difíciles de controlar".

La regularización había generado varios cruces internos dentro del gobierno, al punto que Bellanova, del partido Italia Viva, había amenazado con renunciar si no se aprobaba, y el también oficialista Movimiento Cinco Estrellas había planteado que se trataba de una norma que no ayuda a combatir el trabajo en negro.