Alrededor de 125 millones de brasileños, de una población de 211 millones, están sufriendo inseguridad alimentaria, de los cuales se encuentran en situación extrema y pasado hambre unos 20 millones de personas.

Así lo indican datos de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), que muestran que debido a la crisis originada por la pandemia de coronavirus, Brasil aparecería en el próximo informe del Mapa del Hambre de Naciones Unidas, después de abandonarlo en 2014, según informa el sitio web Público.

La entidad ubica el nivel de población pobre en Brasil en el 12,83% del total (fines de marzo de este año), triplicando el nivel de afectados en momentos en que se aplicó el ingreso social de emergencia por el coronavirus, seis meses atrás. Según la FGV la inseguridad alimentaria era del 17% en 2014, aumentando hasta el 30% en 2019 –con un aumento de la extrema pobreza del 68%–. Son datos que oscilan constantemente y dependen mucho de las ayudas gubernamentales, como el programa Bolsa Familia, lanzado en 2003, al comienzo del primer período del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, basado en otros mecanismos preexistentes.

Impacto

El efecto de los programas sociales ofrecen "fotografías inmediatas", importantes para trabajar medidas estructurales, explica el investigador Marcelo Neri, de la FGV, "pero no demuestran sostenibilidad, las personas vuelven rápido a la pobreza, cuyos datos suben por el mismo camino por el que disminuyeron". Para Neri, el auxilio de emergencia "anestesia los efectos de la crisis, con un efecto pasajero".

Reconoce Neri que "el Bolsa Familia ha generado un gran impacto para la población más pobre, es una tecnología que ha prestado un servicio a Brasil", pero no puede ser la única opción de desarrollo. Además, "desde 2014 ha sufrido recortes de hasta el 20%, y eso que es un programa barato para el Estado: significa el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), cuando las pensiones significan el 14%".

Los valores recibidos por las familias, desde un punto de vista europeo, resultan absolutamente ínfimos: cada familia puede acumular lo equivalente a 40 euros, como máximo. Es la fuente de ingresos de la que disponen para comprar comida.

Es clave, según indica la Fundación Getúlio Vargas, "conectar las medidas de transferencia de renta con educación –enfocada al mercado laboral–, con inclusión productiva, microcréditos, emprendimiento y creación de empleo". "Tenemos redes de protección social", indica Neri, "pero ahora también necesitamos trampolines de ascensión social".