El destituido presidente catalán, Carles Puigdemont, no acudirá hoy a declarar a la Audiencia Nacional de España, donde está citado junto a los integrantes de su antiguo gabinete acusados todos de rebelión, sedición y malversación de fondos por intentar independizar a Cataluña, y pidió hacerlo en Bélgica dado que su negativa activará una orden de detención inmediata, afirmó su abogado.

Otros cuatro ex consejeros del gobierno catalán que acompa- ñan a Puigdemont en Bruselas también solicitaron declarar desde allí, según la prensa catalana, mientras que las 15 personas que completan la lista de investigados, incluido el ex vicepresidente Oriol Junqueras y la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, sí tienen previsto acudir a los tribunales.

La decisión de Puigdemont fue anunciada desde Bruselas por su abogado, Paul Bekaert, cuya estrategia es “esperar y ver” la reacción del Estado español y, eventualmente, impugnar el pedido de extradición para que el ex presidente sea entregado por Bélgica a España, una vez que la Justicia española dicte una orden de detención en su contra.

“Hemos decidido no presentar la solicitud de asilo, sino impugnar cualquier extradición ante el tribunal”, afirmó Bekaert al programa “The World Today” de la cadena de televisión flamenca VRT. “No va a ir a Madrid, y sugiero que sea interrogado aquí, en Bélgica. Es posible”, amplió después en declaraciones a medios locales.

Bekaert, cree que “hay muchas opciones” de que Puigdemont “sea detenido si regresa”. “Tal y como están las cosas, no lo veo volviendo en las próximas semanas”, añadió.

Además, como señaló Puigdemont en conferencia de prensa en la capital belga, el abogado insistió en que no existen garantías de que reciba un “juicio justo” en España.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela citó a declarar en calidad de investigados a Puigdemont y a los 13 ex consejeros de su cesado gobierno para hoy y mañana a partir de las 9 de la mañana (5 de Argentina) por la querella presentada por la Fiscalía General del Estado, que le atribuye delitos que conllevan penas graves de prisión.

En la querella, el Fiscal solicita que en caso de que los acusados no se presenten a la comparecencia se dicte una orden de detención. Los acusados deberán depositar en un plazo de tres días una fianza solidaria de 6,2 millones de euros para responder a posibles responsabilidades civiles, según resolvió ayer la jueza al admitir a trámite la querella.

Algunos de los acusados, como el vicepresidente Junqueras, y el ex jefe de la diplomacia catalana, Raül Romeva, confirmaron vía Twitter que recibieron las citaciones judiciales.