El líder secesionista Carles Puigdemont no cedió y llamó hoy a los catalanes a “defender pacíficamente” la independencia de Cataluña, tras su destitución como presidente del gobierno autonómico, en un acto de resistencia frente a la intervención del Ejecutivo español en la región.

"En una sociedad democrática son los parlamentos los que eligen o cesan a los presidentes”, dijo Puigdemont, en una declaración televisada, con la que rechazó la decisión adoptada por el gobierno español de Mariano Rajoy de destituirlo ayer de su cargo. 

Puigdemont, sin embargo, no aclaró expresamente cómo harán él y su gobierno para mantenerse en funciones, y se limitó a reclamar a los ciudadanos que hagan una “oposición democrática” a las medidas de intervención en Cataluña aprobadas por el gobierno español y avalada por el Senado, al amparo del artículo 155 de la Constitución. 

"Los ciudadanos de Cataluña ya han entendido que esta nueva etapa hay defenderla con un incansable sentido cívico y compromiso pacífico”, dijo, para luego añadir que esa es “la única actitud que nos puede hacer ganadores”. También pidió a sus seguidores “paciencia, perseverancia y perspectiva”, y prometió que juntos seguirán “trabajando para construir un país libre”. 

El gobierno español se rehusó a valorar las declaraciones realizadas por Puigdemont y afirmó que correspondía al “ámbito judicial” calificar su conducta, según fuentes de La Moncloa, citadas por la prensa española.

Con su actitud, Puigdemont vuelve a desafiar al Ejecutivo central, que tras la histórica declaración de independencia realizada por el parlamento lo cesó a él y a todo su gobierno y convocó elecciones para el 21 de diciembre, una cuestión crucial sobre la que el líder secesionista no se pronunció.

El gobierno cesado planea reunirse de forma clandestina para convocar unas “elecciones constituyentes”, cumpliendo con la resolución aprobada el viernes en el parlamento catalán, según fuentes del entorno independentista.

La destitución del Ejecutivo regional se hizo efectiva esta madrugada con la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se detalla que el Jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, asume todas las competencias del presidente de la Generalitat, pero las delega en su “número dos”, Soraya Sáenz de Santamaría, quien además ejercerá las funciones que correspondían al vicepresidente catalán Oriol Junqueras.

La vicepresidenta, quien ya se encuentra a cargo de la Presidencia de Cataluña, tendrá un papel clave en la aplicación de las medidas de intervención que previsiblemente serán resistidas no sólo por el gobierno catalán, sino también en parte de la administración pública.

También se destituyó al jefe de los Mossos d’ Esquadra (policía catalana), el mayor Josep Lluis Trapero, quien está imputado por sedición en relación con el referéndum de secesión celebrado el 1 de octubre bajo prohibición, y quien presuntamente tuvo un rol estratégico en el despliegue de los planes secesionistas.

En este escenario incierto, con el parlamento ya disuelto y la fecha de los comicios regionales fijada para el 21 de octubre, los partidos no nacionalistas se pusieron en clima de campaña electoral, mientras los independentistas se mantienen expectantes.

La intervención de Cataluña al amparo de este articulo de la constitución, fue aprobada ayer por el Senado con el apoyo del conservador Partido Popular (PP) de Rajoy, del opositor Partido Socialista (PSOE) y de los liberales de Ciudadanos, quienes conjuntamente dieron un paso inédito en casi 40 años de democracia.

Apenas unos minutos antes, la presidenta del parlamento catalán leyó el preámbulo de una resolución propuesta por la mayoría independentista que declaraba la constitución de la República catalana, y luego los diputados votaron instar al gobierno a iniciar un proceso constituyente para culminar con la proclamación del Estado independiente.

Pero mientras los independentistas celebraban el histórico momento en las calles de Barcelona, Rajoy dio los pasos para restituir la legalidad quebrantada, cesando de forma fulminante al gobierno catalán y convocando elecciones.

Mossos d’ Esquadra

Uno de los principales problemas que planteaba la intervención de Cataluña por parte del Ejecutivo español era precisamente el control directo de la policía autonómica catalana, un cuerpo de seguridad que quedó en el foco del conflicto de secesión tras su aparente inacción durante la votación del 1 de octubre, lo que llevó a una intervención violenta de la Policía Nacional y la Guardia Civil española contra los votantes.

Entre los Mossos d’ Esquadra es sabido que hay agentes favorables a la secesión de Cataluña, y que manifestaron extraoficialmente que se resistirían a cumplir ordenes de los nuevos mandos, así como a utilizar la fuerza en caso de que el gobierno catalán se negara a dejar el poder, como está ocurriendo.

Ante la posibilidad, el Ejecutivo español advirtió que las autoridades ya destituidas podrían incurrir en un delito de usurpación de funciones, con penas que van de uno a tres años de prisión.