Los cinco jueces del Tribunal Superior de Justicia de Brasil rechazaron por unanimidad un recurso interpuesto por la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar que sea arrestado cuando agote sus recursos de segunda instancia contra una condena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.

El rechazo de este recurso reduce las posibilidades del exmandatario de seguir en libertad cuando la corte de segunda instancia que lo sentenció termine de juzgar la apelación que ya tiene en trámite.

El recurso de habeas corpus fue presentado por el expresidente para evitar ingresar en prisión por el caso del "tríplex" supuestamente donado por la constructora OAS como pago de favores políticos, según informó el diario brasileño Folha de Sao Paulo.

El exmandatario presentó el recurso a finales de enero para evitar su entrada en prisión, después de que un tribunal de segunda instancia ratificara su condena por corrupción, una acción judicial que le permitía además mantener vivas sus aspiraciones electorales.

El Tribunal Federal de la Cuarta Región (TFR-4) confirmó la condena que emitió el 13 de julio el juez federal Sergio Moro, que declaró a Lula culpable de corrupción pasiva y blanqueo de capitales por aceptar un "tríplex" de lujo en Guaruja como pago de la constructora OAS por sus favores políticos, y elevó la pena de nueve a doce años de cárcel.

La defensa de Lula presentó un habeas corpus ante el Supremo solicitando que la ejecución del fallo se suspenda hasta que se agoten todas las posibilidades de recurso.

El antiguo dirigente sindical puede recurrir ante el propio TRF-4 para que aclare ciertos puntos de la sentencia y apelar al STJ y al Tribunal Federal como instancias extraordinarias, tras lo cual el dictamen se consideraría firme.

Según sus abogados, el ingreso en prisión de Lula violaría el artículo 5 de la Constitución brasileña, que recoge el derecho a la presunción de inocencia, y además --sostienen-- influiría en las elecciones presidenciales causando un daño irreversible al ejercicio de la democracia en el país.

Asimismo, la defensa esgrimió que Lula debe esperar en total libertad a que se agote la vía judicial porque hasta ahora ha colaborado con la Justicia siempre que se le ha requerido, carece de antecedentes criminales, ha sido presidente durante dos periodos y su avanzada edad, 72 años.

La batalla judicial se basa en un fallo de la corte suprema que en 2016 determinó que se puede detener a un condenado en dos instancias y no en tres como marca la Constitución.

"No se ve ilegalidad en la determinación de cumplir pena después de la segunda instancia", dijo el juez que fue miembro informante del caso, Felix Fischer.

Una sentencia firme impediría que Lula pudiera inscribirse como candidato a las elecciones presidenciales del 7 de octubre, para las que parte como gran favorito, a pesar de que carga con esta condena y tiene otras cuatro causas pendientes. El Partido de los Trabajadores (PT) ya lo ha señalado como su abanderado.

En el caso de que Lula consiguiera el estatus de candidato, el proceso judicial seguiría su curso. Y, si finalmente la Justicia da la razón al juez federal Sergio Moro --que instruye la causa por el escándalo de corrupción en Petrobras--, los votos que haya recibido serán anulados.