En el Capitolio de Washington, un grupo de mujeres sobrevivientes de los abusos de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell rompió el silencio y puso al Congreso contra las cuerdas. Con carteles que reclamaban "Release the files" y la palabra "SHAME" escrita en letras gigantes, denunciaron décadas de encubrimiento y exigieron la apertura total de los archivos del caso.

Marina Lacerda, identificada como "Minor Victim 1" en la acusación federal de 2019, habló por primera vez en público: "Yo era una de docenas de chicas que fueron forzadas a entrar en la mansión de Jeffrey en Nueva York cuando éramos apenas unas nenas". Annie Farmer recordó que a los 16 años viajó a Nuevo México y fue atacada: "Treinta años después todavía no sabemos por qué ese reporte no se investigó como correspondía".

El acto fue organizado por los congresistas Thomas Massie y Ro Khanna, que impulsan una maniobra parlamentaria para obligar a la Cámara de Representantes a votar la liberación de los documentos. Ya juntaron 134 firmas y necesitan 218.

La ofensiva choca con la Casa Blanca y con el liderazgo republicano, que acusan a los impulsores de exponer a víctimas que no quieren ser identificadas. Trump, hoy presidente y en plena campaña de reelección, calificó los pedidos como "una farsa demócrata" y busca cerrar filas en su partido. Pero el descontento se expande: algunos legisladores conservadores admiten que, si la iniciativa alcanza los votos necesarios, no podrán dar la espalda.

Las sobrevivientes advirtieron que, si el Congreso no actúa, ellas mismas confeccionarán un listado de nombres de quienes orbitaban alrededor de Epstein. "Nosotras somos las llaves. Conocemos los juegos, conocemos a los jugadores", dijo Haley Robson.

El trasfondo político es evidente. La administración Trump considera esta ofensiva como un "acto hostil" y presiona a los suyos para bloquearla. Sin embargo, la irrupción de las víctimas convirtió la causa Epstein en un nuevo frente de batalla en Washington: entre la búsqueda de verdad y la defensa cerrada del poder.