El ex presidente y líder de la oposición brasileña, Luiz Inácio Lula da Silva, quedó cerca de la detención y la inhabilitación electoral, luego de que una cámara de apelaciones ratificara por unanimidad su culpabilidad y le subiera la pena a 12 años y un mes de prisión, por considerarlo beneficiario de un departamento en el balneario paulista de Guarujá, ofrendado por la constructora OAS supuestamente a cambio de contratos en la estatal Petrobras.

La decisión abre interrogantes a la serie de crisis políticas que registra Brasil desde junio de 2013 y al propio proceso electoral de octubre, ante el cual el ex presidente Lula es favorito en las encuestas.

Los camaristas João Gebran Neto, Leandro Paulsen y Victor Laus respaldaron fuertemente al juez Sérgio Moro y rechazaron todas las medidas presentadas por la defensa de Lula para anular la sentencia de 9 años y medio de prisión.

El tribunal, siguiendo al instructor Gebran Neto, aumentó la pena para Lula pero redujo a 3 años la del considerado corruptor, el empresario delator Leo Pinheiro, quien antes de declararse arrepentido había tenido una sentencia de 10 años.

Paulsen, presidente de la sala 8 del Tribunal Regional de Porto Alegre, consideró que Lula debe ser arrestado una vez presentados los embargos de declaración, una suerte de queja a la cual tiene derecho ante la misma corte.

El juez entendió que corresponde la prisión para el ex presidente en base a un fallo de 2016 del Supremo Tribunal Federal (STF, Suprema Corte), en el cual se afirma que alcanza con una condena de cámara para ordenar el encierro.

El escenario ahora se plantea extremo para Lula, debido a que el PT dice que será candidato y que lo inscribirá el 15 de agosto ante la justicia electoral.

En el frente penal, deberá buscar un habeas corpus y una apelación ante la corte de casación penal (El Supremo Tribunal de Justicia) y el STF.

En el plano electoral, deberá sortear la Ley de Ficha Limpia, que impide asumir a quien es condenado en dos instancias, pero eso puede llegar incluso después de la elección: una bomba de tiempo en todo sentido.

Los jueces aplicaron la teoría del dominio de los hechos, una línea penal alemana por la cual la suma de indicios más el cargo alcanzan para elevar la responsabilidad a un jefe político: fue la misma usada en 2012 contra el ex ministro José Dirceu en el escándalo mensalao.

Lula fue encontrado culpable de corrupción pasiva y lavado de dinero por haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá -valuado en US$ 1,2 millones- a cambio de garantizar a la empresa contratos con Petrobras durante su gobierno.