La corte suprema de Brasil empezó a deliberar ayer respecto de si es constitucional que un condenado en segunda instancia empiece a cumplir su pena de prisión, antes de agotar todos sus recursos legales.

Un fallo favorable a alterar la jurisprudencia actual podría conllevar a la libertad de numerosos presos, incluido el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumple una pena de ocho años y diez meses por corrupción.

Se espera que los once magistrados de la máxima corte del país concluyan sus votos el jueves, en un veredicto seguido con mucha atención, transmitido en vivo por TV.

Lula es uno de los presos más célebres de la operación " Lava Jato", que puso tras las rejas a prominentes políticos, empresarios y exejecutivos de la estatal Petrobras, al develar un megaesquema de desvío de fondos.

El popular líder de la izquierda está preso desde abril de 2018 en las instalaciones de la Policía Federal de Curitiba (sur), tras haber sido condenado en segunda instancia, acusado de beneficiarse de un apartamento tríplex en el litoral paulista que fue puesto a su disposición por una constructora involucrada en el caso.

En febrero, Lula fue condenado por otro proceso en primera instancia a casi 13 años por corrupción y enfrenta al menos otros seis casos en la justicia.

El ex presidente niega todos los cargos y asegura que son parte de una conspiración político-judicial para impedirle disputar las elecciones de 2018, en las que resultó electo el ultraderechista Jair Bolsonaro.

El juez supremo instructor del caso, Marco Aurelio Mello, aventuró que el resultado puede ser 7 a 4 a favor de considerar inconstitucional detener a alguien con sólo un fallo de cámara, es decir, de segunda instancia.

Esto provocó protestas por parte de los fiscales de la Operación Lava Jato como Deltan Dallagnol, en el centro de una serie de pedidos de alejamiento tras haberse revelado en chats privados que carecía de pruebas para acusar a Lula.