El presidente Michel Temer firmó el proyecto de ley que dispone la privatización de Eletrobras, con pocos cambios en relación con el texto difundido por el Ministerio de Minas y Energía (MME) en noviembre del año pasado.

La privatización se hará por medio de un aumento de capital, en el que se diluirá la participación del Estado. De acuerdo con el gobierno, ese modelo mantiene el patrimonio estatal preservado y valorado en Eletrobras, sin la necesidad de venta de acciones.

La capitalización deberá ser vinculada a la firma de nuevos contratos de concesión para centrales hidroeléctricas del grupo. La estatal dejará de comercializar la energía con las distribuidoras por el régimen de cuotas (que paga sólo unos ingresos por la operación y mantenimiento de los activos), con remuneración reducida, para negociar los mismos importes libremente en el mercado regulado o en el mercado libre, lo que garantiza mayor retorno financiero.

El aumento de capital podrá acompañarse de una oferta secundaria de acciones, según el proyecto de ley. El Estado no podrá suscribir nuevas acciones de Eletrobras en el proceso de aumento de capital de la empresa, pero los empleados tendrán la oportunidad de adquirir una parte de las acciones.

La operación también sólo será posible mediante la aprobación por los accionistas de la celebración de aditivos en los contratos de transmisión de energía eléctrica. La iniciativa debe contener el efecto de cobro de indemnización multimillonaria en favor de transmisoras sobre las cuentas de luz durante los próximos ocho años.

El proyecto confirma que, tras la privatización, el gobierno tendrá una acción de clase especial, conocida como "golden share" o "acción de oro", que da poderes exclusivos para la Unión en la administración de la empresa, como la indicación de miembro adicional del consejo. La "golden share" garantiza, según la carta de los ministros, que la compañía se convertirá en una "corporación nacional permanente".

En la carta que acompaña el proyecto de ley firmado por el presidente, los ministros dicen que la privatización de Eletrobras va a ayudar a sanear las cuentas públicas nacionales. "La operación contribuirá directamente al equilibrio fiscal, pues la empresa dejará de competir con recursos públicos necesarios para la educación, la salud y la seguridad", dice el documento.

El Gobierno brasileño espera recaudar 12.200 millones de reales (unos 3.812 millones de dólares) con la privatización de la eléctrica, lo que permitirá aumentar los debilitados cofres públicos.

No obstante, la privatización de Eletrobras se encuentra judicializada debido a una cautelar emitida por un magistrado de un tribunal de Pernambuco, aunque el Gobierno confía en revertir dicha decisión.

La Abogacía General de la Unión (AGU) señaló que la cautelar fue concedida "sin reflexionar sobre los efectos dañinos de su decisión, que chocan con el interés público de minimizar el déficit en las cuentas públicas".

El grupo Eletrobras es la mayor empresa de generación de América Latina con una capacidad instalada equivalente a un tercio del total del país y líder en transmisión, con cerca de 61.000 kilómetros de líneas.