La Justicia brasileña decidió trasladar al ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple una condena de 8 años y 10 meses de cárcel por su implicación en la trama del Lava Jato, a una cárcel común, donde hay homicidas famosos, a un "establecimiento" en Tremembé, de San Pablo, aunque aún no fue definida la fecha.

Hasta el momento, cumplía la condena en una celda policial en la ciudad de Curitiba, pero luego de las filtraciones de conversaciones de chat que revelavan una articulación clandestina entre los fiscales de la Operación Lava jato y el ex juez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia, de quien depende la Policía Federal, se decidió el traslado del ex presidente a un presidio común lo que levantó una alerta sobre su seguridad.

La decisión de la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos, que no establece fecha de traslado, fue tomada con la oposición de la fiscalía y la defensa a pedido de la Policía Federal, fuerza a cargo del ex juez Moro.

Lula, que al momento de la detención lideraba todas las encuestas con vistas a los comicios presidenciales que finalmente ganó Jair Bolsonaro, tiene su residencia en San Pablo, en el municipio de Sao Bernardo do Campo.

El ex presidente puede reclamar estar en un cuartel militar o en un lugar específico de la Policía Federal por haber sido jefe de Estado, algo que está incluido en el fallo emitido por la magistrada pero que ella hasta el momento no tuvo en cuenta.

Desde el 7 de abril de 2018 se encuentra una vigilia con manifestantes en la puerta de la Policía Federal de Curitiba.

Lula cumple una pena de 8 años y 10 meses de prisión en el marco del caso Lava Jato, acusado de haber recibido un departamento de la constructora OAS en el balneario de Guarujá a cambio de favorecerla. 

Sin embargo, filtraciones de conversaciones prohibidas por ley entre Moro y el fiscal Deltan Dallagnol reveladas por el sitio The Intercept y el diario Folha de Sao Paulo habilitan la acusación de la existencia de maniobras para condenar a Lula, en la que admiten la falta de certezas de la acusación.

Lula sostiene que es un preso político y su defensa había pedido su liberación a la Corte Suprema, que aún debe juzgar un recurso para permitirle una prisión domicilaria.

La defensa del líder opositor pidió esperar a que el Supremo Tribunal Federal termine de juzgar un habeas corpus que pide anular la sentencia por imparcialidad de Moro cuando era el juez de la megaoperación.

El abogado Cristiano Zanin Martins dijo en un comunicado que la jueza Lebbos negó que Lula, en cuanto ex presidente, pueda cumplir pena en un predio militar o policial.

La orden de la jueza de Curitiba, por un pedido de la Policía Federal, determina que Lula puede ser enviado a un presidio común, a una celda colectiva que sea determinada por un juez de Sao Paulo.

El habeas corpus para suspender la decisión apunta a la supuesta falta de imparcialidad de Moro cuando era juez y a la anulación de la condena confirmada en tres instancias.

El Partido de los Trabajadores acusó a la jueza Lebbos de actuar ilegalmente al negarle a Lula una sede diferenciada por haber sido el jefe de las Fuerzas Armadas durante su presidencia, tal como lo establece el código penal.

"Lula ni debería estar preso porque es inocente y fue condenado por una farsa, ya que en la sentencia el propio Moro dijo que no hubo desvíos de Petrobras en el caso", dice el comunicado del PT.

Dos horas después del fallo de Lebos, el juez paulista Paulo Sorci falló que Lula debe ir al presidio de la ciudad de Tremembé, en el interior del estado de Sao Paulo, conocido por albergar allí a presos de homicidio de casos famosos.

Le preparó una celda con baño y con un régimen para tener contacto con los presos comunes en el patio y en los comedores.

Ver más productos

Macri planea resolver la transición por decreto

Macri planea resolver la transición por decreto

La Amazonia y la destrucción del mundo

La Amazonia y la destrucción del mundo

Ver más productos