El conflicto de poderes en Estados Unidos por la investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump dio otra vuelta de tuerca ayer, luego de que el Congreso advirtiera que la resistencia del Gobierno a permitirle interrogar a testigos podría equivaler también a un delito susceptible de otros procesos de destitución.

La respuesta del Congreso se da horas después de que Trump afirmara que lo que está en marcha es "un golpe". "A medida que me entero de más cosas cada día, estoy llegando a la conclusión de que lo que está en marcha no es un juicio político, es un GOLPE", afirmó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Según Trump el supuesto golpe "tiene la intención de arrebatar el Poder del Pueblo, su VOTO, sus Libertades, su Segunda Enmienda, Religión, Fuerzas Armadas, Muro en la Frontera, íy sus derechos otorgados por Dios como un Ciudadano de Los Estados Unidos de América!".

La segunda enmienda de la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a poseer armas y la referencia a la frontera está vinculada con la promesa de Trump de erigir una pared en la frontera para contener la inmigración, y que México pagaría por ella. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, de visita en Italia, reconoció que presenció la llamada telefónica de julio en la que Trump pidió al presidente de Ucrania investigar a Joe Biden, su potencial rival electoral demócrata en 2020.

En conferencia de prensa, Pompeo, un férreo defensor de Trump, volvió a acusar a los demócratas de "hostigamiento e intimidación", un día después de haber advertido que no iba a permitir que funcionarios de la cartera a su cargo cumplan con citaciones a declarar y órdenes de entregar documentos emitidas por el Congreso.

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