Venezuela es el segundo país más violento del mundo, únicamente superado por El Salvador, con una tasa de 89 muertes por cada 100.000 habitantes y solo en 2017 fallecieron 26.616 personas en hechos de sangre, apenas tres por ciento menos que en 2016, según diversas fuentes.

De ellos, 95% son hombres y 60% tenían entre 12 y 29 años de edad, informó el director del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), Roberto Briceño León.

Todos esos datos corresponden a un estudio elaborado por investigadores de siete universidades, en respuesta a la ausencia de datos oficiales por parte de los organismos gubernamentales.

"De los delitos que se cometen en Venezuela, 64% no son denunciados, lo cual potencia la impunidad y refuerza la percepción de que en el país no hay estado de derecho que garantice la correcta aplicación de la justicia penal", sostuvo Briceño.

Télam conversó con víctimas de los delitos más recurrentes en la Venezuela de 2017. Algunos no tuvieron problema en decir sus nombres, mientras otro aseguró que la justicia jamás llegará y que no tiene sentido la denuncia.

Dilcia Mendoza y Aracelis Sánchez son madres de dos jóvenes muertos en acciones de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), una campaña militar y policial contra el delito común puesta en marcha en 2015 por el actual gobierno.

Ambas residen en sectores populares y sus hijos fallecieron en "barridas policiales".

Sánchez afirmó que "la policía no tiene piedad con la gente de los barrios, matan al que se atraviese.

"Yo le digo a la gente que denuncie, que no tenga miedo; a mi muchacho lo mataron en un arrase que hicieron en el barrio; estoy luchando por que se haga justicia y voy a los tribunales varias veces al mes para presionar por castigo a los culpables", agregó.

Por su parte, Mendoza señaló que a su hijo lo quisieron involucrar en un enfrentamiento entre policías y delincuentes, en el barrio Antímano, en el oeste de Caracas.

"Él estaba haciendo una llamada telefónica y lo sorprendió un tiroteo que inició un funcionario; testigos del hecho me informaron que lo acribillaron sin compasión", aseguró.

Al organizar un grupo de víctimas de excesos de funcionarios policiales "hemos encontrado resistencia porque queremos trabajar en la defensa de los derechos humanos; incluso, alguien nos sugirió no seguir con las visitas a la Fiscalía y tribunales para que no le pasara nada a nuestras familias", explicó Mendoza.