La defensa legal de Nicolás Maduro presentó formalmente una moción para solicitar el archivo definitivo de la causa penal por narcotráfico y narcoterrorismo que se tramita en el tribunal federal de Manhattan.

En el escrito de aproximadamente 60 páginas, los abogados Barry Pollack y Anna Estevao argumentaron que la Justicia de Estados Unidos carece de jurisdicción para juzgar al dirigente, al sostener que goza de inmunidad soberana absoluta como jefe de Estado en ejercicio de la República Bolivariana de Venezuela.

El planteo técnico busca bloquear el proceso judicial iniciado tras la operación militar estadounidense del 3 de enero, en la cual Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas y trasladados a un centro de detención federal en Brooklyn. 

La primera dama presentó de manera paralela un recurso en el que solicita que la protección diplomática y la inmunidad soberana se extiendan a su persona.

Los dos ejes del reclamo defensivo y los plazos fijados por el tribunal

La estrategia articulada por el equipo de letrados se sostiene sobre dos pilares jurídicos principales para fundamentar la falta de competencia del tribunal.

Por un lado, la defensa invocó la inmunidad por el cargo (ratione personae), al sostener que basta con que Maduro ejerza las facultades de la presidencia venezolana como jefe de Estado de facto para estar exento de la jurisdicción penal de cualquier tribunal extranjero. 

Bajo esa premisa, Pollack y Estevao respaldaron su postura en un principio que calificaron como una norma "más antigua que el propio derecho común" y aseguraron que la protección diplomática protege a los mandatarios en funciones.

Por otro lado, los abogados fundamentaron el pedido en la inmunidad por la conducta (ratione materiae), bajo el argumento de que los hechos imputados por la fiscalía de Manhattan corresponden a supuestos actos oficiales realizados en el ejercicio de poderes del Estado. 

De acuerdo con este planteo, las acciones descriptas en el expediente representan decisiones institucionales atribuibles a la entidad estatal venezolana y no a un individuo en forma particular, lo que invalida su juzgamiento en el fuero penal de una nación extranjera.

Ante la argumentación de Washington -que dejó de reconocer la legitimidad de su mandato en 2019 al calificar las elecciones como fraudulentas-, la defensa replicó que el no reconocimiento político no invalida la inmunidad en el fuero penal.

Asimismo, destacaron que no existen antecedentes históricos de tribunales estadounidenses que hayan juzgado a un mandatario en funciones reconocido como tal por su propio país al momento de formularse los cargos.

El juez federal Alvin K. Hellerstein estableció que los fiscales del Departamento de Justicia tendrán plazo hasta el 2 de octubre para responder al escrito de la defensa.

En tanto, la audiencia de alegatos orales para discutir la validez de la moción se fijó para el 17 de noviembre. En caso de que el magistrado desestime el pedido de inmunidad, el inicio del juicio oral y público está programado para el 1 de junio de 2027.