El Gobierno interino de Nepal ha confirmado que las protestas que llevaron a la caída del anterior Ejecutivo, liderado por Sharma Oli, han dejado un saldo de más de 70 muertos. Estas manifestaciones, que comenzaron por el descontento popular ante el aumento de la corrupción y la prohibición del acceso a las principales redes sociales, han sacudido al país. El secretario jefe del Gobierno, Eaknarayan Aryal, informó que 72 personas han fallecido y 191 han resultado heridas, siendo la mayoría de las víctimas manifestantes, aunque también se registraron bajas entre las fuerzas de seguridad.

La primera ministra interina, Sushila Karki, ha asumido el cargo en medio de esta crisis y ha declarado "mártires" a los fallecidos durante las protestas. Ha anunciado que se entregará un millón de rupias nepalíes a las familias de los muertos y ha ordenado tratamiento médico gratuito para los heridos. Sin embargo, Karki ha calificado los ataques a instituciones como el Parlamento y el Tribunal Supremo como actos criminales que deben ser investigados, sugiriendo la posibilidad de una conspiración detrás de los disturbios.

Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. China ha felicitado a Karki por su nuevo cargo, reafirmando su compromiso con la amistad y cooperación con Nepal. Un portavoz del Ministerio de Exteriores chino destacó la disposición de China para colaborar en diversos ámbitos. Por su parte, la Administración de Donald Trump, a través de la Embajada de Estados Unidos en Katmandú, ha celebrado el restablecimiento de la calma y ha reconocido el papel del Ejército en la transición pacífica del Gobierno civil, expresando su deseo de colaborar con el gobierno interino en el futuro.

Las manifestaciones en Nepal comenzaron el lunes pasado, cuando la prohibición del acceso a la mayoría de las redes sociales provocó que miles de ciudadanos salieran a las calles. Este descontento se ha convertido en una muestra del malestar generalizado contra el Gobierno, especialmente entre los jóvenes, quienes critican la mala gestión y la corrupción. Los disturbios han incluido saqueos y violencia, reflejando la profunda crisis política y social que atraviesa el país.