El gobernador de California, Gavin Newsom, ha dado un paso significativo al firmar una nueva ley que prohíbe el uso de máscaras por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante sus intervenciones en el estado. Esta medida forma parte de un paquete más amplio de regulaciones diseñado para contrarrestar las tácticas de inmigración encubiertas promovidas por el presidente Donald Trump y su asesor Stephen Miller. Según la oficina de Newsom, la agenda de inmigración de Trump se basa en cuotas arbitrarias y carece de equidad y debido proceso.

Newsom ha argumentado que estas tácticas han aterrorizado a las comunidades, traumatizado a los estudiantes y puesto en peligro la seguridad pública. La nueva norma exige que los agentes federales se identifiquen claramente, limitando el uso de máscaras y restringiendo su acceso a escuelas y áreas no públicas dentro de hospitales. El objetivo es asegurar que estos lugares sigan siendo espacios de cuidado y no de caos, en un contexto donde las acciones federales han generado tensión y miedo.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, su administración ha revertido normativas que mantenían ciertos espacios al margen de intervenciones migratorias. En respuesta, Newsom, una figura destacada del Partido Demócrata y potencial candidato presidencial en 2028, ha defendido la necesidad de estas regulaciones para proteger a las comunidades. El ICE ha intensificado sus operaciones en ciudades como Los Ángeles, utilizando agentes encapuchados, lo que ha sido duramente criticado por organizaciones defensoras de derechos humanos.

En redes sociales han circulado videos que muestran a agentes federales encapuchados desplazándose en vehículos sin distintivos, lo que ha sido denunciado como "secuestros" a plena luz del día. Esta nueva ley llega en un momento de máxima tensión entre las autoridades federales y estatales, tras un fallo de un tribunal federal de California que declaró ilegal la orden de Trump de desplegar fuerzas militares en Los Ángeles para contener protestas. El juez Charles Breyer concluyó que la administración central violó una ley del siglo XIX que prohíbe el uso de fuerzas militares para cuestiones internas de seguridad.