En un contexto de creciente represión, tres defensoras de derechos humanos salvadoreñas han alzado la voz desde el exilio para denunciar al presidente Nayib Bukele. Acusan al mandatario de criminalizar cualquier forma de disidencia y de utilizar el miedo a la inseguridad como una política de Estado. Según estas defensoras, 2025 ha sido el año más crítico para los defensores de derechos humanos desde que Bukele asumió el poder, con un aumento en las detenciones arbitrarias y la represión.

Las defensoras, entre ellas la periodista Angélica Cárcamo, han señalado que Bukele ha construido un discurso que estigmatiza a la sociedad, dividiéndola entre "buenos y malos". Este discurso ha desgastado a las organizaciones de la sociedad civil, vinculándolas con partidos tradicionales y generando desconfianza en la ciudadanía. A pesar de las violaciones de derechos humanos, Bukele mantiene una alta popularidad, ya que muchos salvadoreños valoran la reducción de la violencia pandillera.

El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, ha otorgado poderes sin restricciones a las fuerzas de seguridad, lo que ha sido utilizado por Bukele para justificar su política de mano dura. Sin embargo, las defensoras consideran que esta narrativa es una extorsión que contradice la imagen de El Salvador como el país más seguro del mundo. Además, alertan sobre un posible pacto entre Bukele y las pandillas, lo que cuestiona la verdadera erradicación de estas organizaciones criminales.

La abogada en derecho constitucional ha advertido que El Salvador carece de contrapesos institucionales, ya que no existen instancias judiciales independientes y Bukele cuenta con una mayoría absoluta en el parlamento. Esta situación ha permitido al presidente impulsar reformas constitucionales que le permitirían mantenerse en el poder por 10 o 15 años más, lo que preocupa a las defensoras que ven un futuro sombrío para la democracia en el país.

El segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos ha agravado la situación en El Salvador, según las defensoras. Consideran que la vuelta de Trump ha dado más legitimidad a Bukele, permitiéndole actuar sin restricciones. Sin embargo, critican al gobierno salvadoreño por no rechazar las deportaciones de extranjeros promovidas por Trump, lo que afecta a la economía del país debido a la dependencia de las remesas.

Finalmente, las defensoras lamentan el "silencio cómplice" de la comunidad internacional ante lo que califican como el régimen de Bukele. Aunque reconocen algunos esfuerzos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideran que ha habido un distanciamiento de las organizaciones internacionales durante el mandato de Bukele, lo que ha dejado a los defensores de derechos humanos en una situación de vulnerabilidad.