The Intercept y la Freedom of the Press Foundation demandaron a Donald Trump y al equipo de redes sociales de la Casa Blanca por el acceso pago y anticipado a sus publicaciones en Truth Social. Los demandantes sostienen que el sistema viola derechos protegidos por la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Trump utiliza con frecuencia Truth Social para comunicar decisiones de política pública, decretos, cambios de personal y otras definiciones de gobierno. La demanda cuestiona que esas publicaciones puedan recibir un tratamiento diferencial según la capacidad de pago de los usuarios.

Cuánto cuesta acceder antes a las publicaciones de Trump

Trump Media, la empresa propietaria de Truth Social, comenzó a vender durante el último trimestre acceso directo a su interfaz de programación de aplicaciones, conocida como Truth API.

La compañía informó que los clientes de este servicio pueden recibir las publicaciones de Trump en tiempo real, apenas milisegundos después de su publicación. No está claro cuánto demora el acceso del público general a esos mensajes.

Para los demandantes, la duración de la demora no modifica el problema constitucional. Nikhel Sus, abogado principal de Citizens for Responsibility & Ethics in Washington, organización que representa a los demandantes, sostuvo que cualquier diferencia en el acceso puede afectar derechos protegidos por la Primera Enmienda.

"No hay una excepción de minimis para las restricciones de derechos fundamentales amparados por la Primera Enmienda", dijo Sus a CNN. Según el abogado, incluso una diferencia de milisegundos podría constituir una violación.

Katie Fallow, directora adjunta de litigios del Knight First Amendment Institute, sostuvo que el Gobierno no puede restringir el acceso a expresiones públicas sin una justificación legítima.

"No existe un interés legítimo del Gobierno para hacer esto", afirmó Fallow. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

Empresas de Wall Street pagan hasta USD 100.000 por mes

Trump Media informó el lunes, durante su primera llamada sobre resultados financieros con analistas, que firmó más de 10 acuerdos con clientes de Truth API.

Según la compañía, la mayoría de esos clientes son empresas vinculadas con operaciones de alta frecuencia. Trump Media señaló que están dispuestos a pagar entre USD 60.000 y USD 100.000 mensuales por el acceso preferencial.

Trump es el usuario más seguido y activo de Truth Social. La plataforma cuenta con pocos usuarios activos y todavía no declaró ganancias. El interés de empresas financieras en acceder antes a las publicaciones del presidente muestra el valor que el mercado atribuye a esa ventaja temporal.

La demanda plantea además que Trump podría estar vendiendo acceso a información que legalmente no le pertenece. "Las declaraciones oficiales del presidente no son datos privados de una empresa, sino que pertenecen a Estados Unidos en virtud de la Ley de Registros Presidenciales", sostuvo Sus.

Qué dice la demanda sobre la Primera y Quinta Enmienda

La Freedom of the Press Foundation argumentó que Truth API podría afectar su capacidad para recopilar de forma automática todas las publicaciones de Trump e identificar aquellas que contienen mensajes contra los medios. Esa función forma parte de uno de los productos que ofrece la organización.

The Intercept, en tanto, sostuvo que el acceso anticipado podría dejarlo en desventaja frente a sus competidores en la cobertura de noticias de última hora.

Por ese motivo, los demandantes también sostienen que Truth API podría infringir las garantías de debido proceso e igual protección de la Quinta Enmienda.

"El Gobierno no puede establecer condiciones arbitrarias para acceder a información pública", afirmó Sus. Según el abogado, Trump y sus asesores estarían facilitando las declaraciones presidenciales de manera selectiva a quienes acepten pagar a su empresa privada.

La profesora de Derecho de la Universidad de Utah, RonNell Andersen Jones, señaló que la demanda plantea cuestiones jurídicas novedosas. Los tribunales deberán determinar si la ventaja temporal otorgada a los suscriptores es tan breve que, en la práctica, el acceso del resto del público resulta equivalente.

Jones también destacó el argumento relacionado con el derecho a recibir información protegido por la Primera Enmienda. Según la especialista, la libertad de expresión no solo protege a quienes hablan, sino también el derecho del público a recibir información.