La organización Human Rights Watch (HRW) ha lanzado una grave denuncia sobre el trato inhumano que han recibido los ciudadanos venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador. Según el informe titulado 'Llegaron al infierno: Tortura y otros abusos contra venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador', estos migrantes han sido víctimas de tortura, abusos y violencia sexual en el marco de su encarcelamiento. La ONG Cristosal también ha participado en la elaboración de este informe, alertando sobre las desapariciones forzosas y otras violaciones graves de los Derechos Humanos.

El informe detalla que 252 venezolanos fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador durante los meses de marzo y abril, a pesar de los indicios sobre graves violaciones en las prisiones salvadoreñas. HRW ha advertido que estos casos de tortura y malos tratos no son incidentes aislados, sino violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos. La organización ha señalado a la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, como cómplice de tortura y desaparición forzosa, exigiendo el fin de las deportaciones a países donde las personas corran el riesgo de ser torturadas.

Según informaciones obtenidas por HRW, el gobierno de Estados Unidos proporcionó al menos 4,7 millones de dólares a El Salvador para cubrir los gastos de detención de estos migrantes. Algunos de los venezolanos deportados habían solicitado asilo en Estados Unidos tras huir de la persecución en Venezuela. El informe destaca que aproximadamente la mitad de los venezolanos enviados al CECOT no tenían condenas penales, y solo un 3% había sido condenado por delitos violentos.

Familiares y abogados han defendido que al menos 62 de los venezolanos fueron expulsados mientras sus procesos de asilo estaban en trámite, a pesar de haber superado la evaluación inicial que les daba derecho a una audiencia completa. Los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador se han negado a revelar información sobre el paradero de estas personas, lo que constituye una desaparición forzosa según el Derecho Internacional. Algunos migrantes han denunciado haber sido golpeados tras ser entrevistados por el Comité Internacional de Cruz Roja.

Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, ha comparado la situación con los actos de tortura sistemática en Abu Ghraib, afirmando que "hacer desaparecer a personas a manos de un gobierno que las tortura va en contra de los principios que históricamente han hecho de Estados Unidos una nación de leyes". Esta denuncia pone en evidencia la necesidad urgente de revisar las políticas de deportación y garantizar el respeto a los Derechos Humanos.