El Gobierno de Donald Trump reactivó la regla de "carga pública", que puede dificultar el acceso a la green card para algunos inmigrantes que utilizan determinados beneficios públicos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) comenzará a aplicar la nueva normativa en septiembre de este año.

La medida reemplaza la regulación que la administración de Joe Biden implementó en 2022. La nueva disposición establece criterios más estrictos para evaluar la situación financiera de los solicitantes y el uso de ciertos programas de asistencia pública.

Qué es la regla de "carga pública"

La norma permite que los funcionarios migratorios consideren si un solicitante podría depender de la asistencia estatal a largo plazo al evaluar su pedido de residencia permanente.

La regulación se aplicó por primera vez en 2019, durante el primer mandato de Trump. Tribunales federales bloquearon su implementación en distintos momentos y la administración de Biden finalmente la rescindió.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que la medida busca garantizar que los inmigrantes sean autosuficientes y no dependan de manera prolongada de la asistencia pública.

Qué beneficios pueden influir en el trámite de la green card

La nueva política vuelve a considerar el uso de determinados programas de asistencia pública, entre ellos algunos beneficios de salud, programas de asistencia alimentaria y subsidios de vivienda.

El uso de estos beneficios no implica por sí solo el rechazo de la residencia permanente. Los funcionarios migratorios también deberán evaluar factores como los ingresos familiares, la edad, el estado de salud y el nivel educativo del solicitante.

La decisión final dependerá del análisis conjunto de la situación económica y personal de cada solicitante.

Qué inmigrantes quedan exentos

La normativa no alcanzará a todos los extranjeros que tramiten beneficios migratorios.

Entre los grupos exceptuados se encuentran refugiados, solicitantes de asilo y determinadas víctimas de delitos, además de otras categorías protegidas por la legislación migratoria estadounidense.

Estos grupos podrán acceder a determinados beneficios públicos sin que ese uso afecte su trámite de residencia permanente o su elegibilidad para otros beneficios migratorios autorizados por el Congreso.

La norma podría enfrentar nuevas demandas judiciales

Organizaciones defensoras de los inmigrantes y legisladores demócratas cuestionaron la medida. La representante Pramila Jayapal, demócrata por Washington, calificó la norma como "cruel e innecesaria" y sostuvo que podría desalentar a las familias de bajos ingresos de utilizar servicios esenciales.

La regla también podría enfrentar nuevas impugnaciones judiciales. En 2020, la Corte Suprema permitió temporalmente su aplicación, aunque tribunales inferiores luego bloquearon partes de la normativa.

Los solicitantes que ya tienen un trámite pendiente deberán revisar cómo la nueva definición de "carga pública" afecta su categoría migratoria. Uscis actualizará los formularios y las instrucciones antes de la entrada en vigor de la norma en septiembre.