Estados Unidos levantó este miércoles las sanciones contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras el derrocamiento militar de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas norteamericanas el pasado 3 de enero.

Según se informó oficialmente, el nombre de Rodríguez fue eliminado de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN List), que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

La medida representa el gesto más personal y significativo del proceso de normalización que impulsa la administración de Donald Trump, luego de la caída del régimen de Maduro y la reconfiguración del poder en Caracas.

Rodríguez había sido incluida en la lista negra en septiembre de 2018, acusada de corrupción y violaciones a los derechos humanos, lo que implicaba el congelamiento de sus activos en Estados Unidos y la prohibición de cualquier transacción con ciudadanos o empresas estadounidenses. Ese estatus quedó sin efecto desde este miércoles.

Reformas internas y concesiones bajo supervisión de Washington

El levantamiento de sanciones no aparece como un gesto aislado. Según fuentes diplomáticas y reportes oficiales, forma parte de un esquema de negociación escalonado que comenzó inmediatamente después del operativo militar que derivó en la captura de Maduro.

Desde enero, el Departamento del Tesoro emitió al menos 12 licencias que habilitaron progresivamente operaciones económicas en Venezuela, sin levantar formalmente el régimen general de sanciones.

El alivio de restricciones siguió una lógica transaccional: a cada reforma impulsada por el gobierno interino, correspondió un nuevo gesto desde Washington.

En ese marco, Rodríguez ejecutó una serie de medidas que fueron interpretadas como alineamiento directo con la Casa Blanca: depuración de mandos militares, apertura del sector petrolero a capital extranjero, y una ley de amnistía para liberar presos políticos.

Además, destituyó a Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa, y avanzó con el desmantelamiento de organismos vinculados a la estructura histórica del chavismo.

Licencias para petróleo, minería y reapertura diplomática

Según el esquema vigente, los ingresos petroleros se depositan en cuentas bajo supervisión del Tesoro estadounidense, mientras que las empresas autorizadas operan bajo licencias revocables.

El ritmo de concesiones se aceleró en las últimas semanas. El 13 de marzo, el Tesoro flexibilizó restricciones sobre el sector energético y petroquímico, habilitando operaciones con la estatal PDVSA, aunque bajo control estadounidense y excluyendo vínculos con China, Rusia e Irán.

Dos semanas más tarde, Washington autorizó transacciones en el sector minero, incluyendo el comercio de oro.

Finalmente, el 30 de marzo, la embajada de Estados Unidos en Caracas reanudó oficialmente sus actividades, lo que significó el cierre formal de una ruptura diplomática que se arrastraba desde 2019.

Trump sostuvo públicamente que Rodríguez está dispuesta a cooperar con Estados Unidos y remarcó que su objetivo es controlar el flujo de ingresos petroleros venezolanos para impedir que sus rivales estratégicos ganen influencia en el país.

Críticas por derechos humanos y presos políticos

El acercamiento también generó fuertes cuestionamientos de organizaciones internacionales. Activistas sostienen que no hay avances estructurales en derechos humanos y advierten que la ley de amnistía se aplica de manera discrecional.

Según estimaciones difundidas por ONG y sectores opositores, aún permanecen detenidos alrededor de 500 presos políticos.

Mientras tanto, la oposición democrática venezolana se reorganiza en un escenario complejo, donde la principal interlocutora con Occidente sigue siendo una figura histórica del núcleo duro del chavismo.

Un gesto de legitimación, pero sin levantar el régimen general de sanciones

Para Rodríguez, el levantamiento de sanciones personales representa una forma de legitimación internacional que reclamó durante meses. Sin embargo, Washington dejó en claro que la medida no implica el fin del régimen general de sanciones contra el Estado venezolano.

La diferencia marca el límite del acuerdo: Rodríguez queda habilitada como interlocutora, pero el control sobre activos estratégicos y el margen de maniobra financiera del país continúan bajo vigilancia directa de Estados Unidos.