El Gobierno de España avanzó con una batería de medidas sociales y económicas orientadas a reforzar el Estado de bienestar y contener el crecimiento de la ultraderecha, un fenómeno que se profundizó en varios países europeos. 

Entre los ejes centrales de la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros, se destacan la creación de un subsidio universal por crianza y una inversión adicional de 8.200 millones de dólares en vivienda durante los próximos cuatro años.

El plan, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, fija 100 metas a cumplir antes de 2030 y apunta a reducir las brechas sociales que alimentan el descontento económico y político. Una de las principales iniciativas es la prestación universal por crianza, que prevé un pago mensual de 200 euros por cada hijo menor de 18 años, con alcance para el 100% de las familias. Si bien el Ejecutivo aún no definió la fecha de implementación, la medida forma parte de las negociaciones de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Desde el ministerio que conduce Pablo Bustinduy explicaron que el objetivo central es erradicar la pobreza infantil severa, un problema persistente según la última Encuesta de Condiciones de Vida. El funcionario sostuvo que el subsidio permitiría un impacto inmediato y recordó que este tipo de ayudas ya funcionan en 17 países de la Unión Europea.

Tope de precios

El refuerzo de las políticas de vivienda aparece como el segundo pilar de la estrategia. El Gobierno proyecta triplicar la inversión pública para alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social en 2030 y busca incorporar al mercado residencial hasta un 10% de las viviendas destinadas actualmente al uso turístico. En paralelo, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que habilita a topar precios del alquiler en situaciones de emergencia que alteren de forma excepcional la oferta y la demanda, una herramienta que deberá validar el Congreso.

Según un informe de UNICEF citado en el debate, una ayuda de 237 dolares mensuales podría reducir la pobreza infantil en 7,1 puntos porcentuales y sacar de esa situación a más de 530.000 menores. Para el Ejecutivo, estas políticas sociales y de vivienda buscan contener la desigualdad y neutralizar el caldo de cultivo que favorece el avance de los discursos extremistas en España.