El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) emitió un memo interno que autoriza a sus agentes a ingresar de manera forzada a domicilios sin una orden firmada por un juez, según documentos obtenidos por la Associated Press y compartidos con el Congreso por denunciantes anónimos.

El documento, fechado el 12 de mayo de 2025 y firmado por el director interino de ICE, Todd Lyons, habilita el uso de órdenes administrativas -como el formulario I-205- para ingresar a viviendas de personas sujetas a órdenes finales de deportación.

Un cambio en la práctica histórica

Según el propio memo, la política representa un giro respecto de procedimientos previos. El texto reconoce que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) "no ha confiado históricamente en órdenes administrativas por sí solas para arrestar personas en su residencia", pero afirma que la oficina legal del DHS considera que la Constitución, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las regulaciones migratorias no prohíben ese uso.

Hasta ahora, las detenciones de ICE se realizaban mayormente en espacios públicos, dado que las órdenes administrativas no se consideran equivalentes a órdenes judiciales emitidas por un magistrado independiente.

Ingreso forzado y uso de fuerza

El memo establece que los agentes deben "tocar y anunciar" su identidad y propósito antes de ingresar. Si se les niega el acceso, quedan autorizados a emplear "solo la fuerza necesaria y razonable" para entrar al domicilio.

También fija pautas horarias: recomienda no ingresar a residencias antes de las 6 ni después de las 22. Además, exige que exista una orden final de deportación válida y que los agentes tengan motivos para creer que la persona reside y se encuentra en la vivienda.

El propio documento aclara que el formulario I-205 no es una orden de allanamiento y que solo debe utilizarse para ingresar a un domicilio con el fin de realizar un arresto migratorio.

Denunciantes y cuestionamientos constitucionales

La organización Whistleblower Aid, que representa a dos funcionarios anónimos del gobierno estadounidense, sostuvo que la política contradice materiales previos de capacitación de ICE y del DHS, y podría violar la Cuarta Enmienda, que protege contra allanamientos y detenciones irrazonables.

De acuerdo con la denuncia presentada por los whistleblowers, parte de los agentes recibió instrucciones verbales para aplicar la nueva política. La presentación ante el Congreso también señala que el memo fue difundido de manera restringida dentro del organismo y que algunos supervisores mostraron el documento a los empleados solo de forma transitoria, sin permitirles conservar copias.

La abogada especializada en inmigración Rosanna Berardi afirmó que el memo "representa un desafío fundamental a la Cuarta Enmienda" y cuestionó la implementación a través de directivas verbales que, según dijo, "crean un vacío peligroso de rendición de cuentas".

Respuesta oficial del DHS

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, la secretaria adjunta de Prensa, Tricia McLaughlin, defendió el uso de órdenes administrativas. Sostuvo que las personas alcanzadas por estas medidas "han tenido pleno debido proceso y una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración".

"Los funcionarios que emiten estas órdenes también han determinado la existencia de causa probable", afirmó McLaughlin, quien agregó que la Corte Suprema y el Congreso han reconocido la validez de este tipo de instrumentos en la aplicación de la ley migratoria.

Reacción política y protestas

El senador demócrata Richard Blumenthal, de Connecticut, envió una carta al DHS para exigir explicaciones y documentación sobre la política. En un comunicado, calificó la directiva como "legal y moralmente aberrante" y advirtió que "el gobierno no puede irrumpir en tu casa sin la autorización de un juez, salvo excepciones extremadamente raras".

La revelación del memo se produce en un contexto de protestas en Minnesota y otras ciudades tras el aumento de operativos migratorios. Las manifestaciones se intensificaron luego del asesinato de Renee Good, una ciudadana estadounidense, durante un operativo de ICE. Funcionarios locales y estatales cuestionaron la versión oficial del hecho y señalaron que registros en video muestran que Good se alejaba del agente antes de recibir al menos tres disparos.

En paralelo, la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito bloqueó de manera temporal una orden judicial que restringía el uso de gas pimienta y arrestos contra manifestantes pacíficos en Minneapolis, lo que habilita a ICE a retomar sus tácticas habituales mientras se resuelve el litigio.

Según datos del Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley, ICE arrestó aproximadamente a 220.000 personas entre enero y octubre, de las cuales unas 75.000 no tenían antecedentes penales.