el supremo de eeuu apoya al gobierno y suspende ayudas alimentarias temporales

La jueza Ketanji Brown Jackson del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido a favor del Gobierno, suspendiendo temporalmente la obligación de financiar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Esta medida, que afecta a millones de personas, se mantendrá hasta que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito emita un fallo definitivo. La situación se enmarca en un contexto de cierre de gobierno que complica la financiación de programas sociales.

En un fallo reciente, la jueza Ketanji Brown Jackson del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido a favor del Gobierno, suspendiendo temporalmente la orden judicial que obligaba a la Administración Trump a financiar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Esta decisión se produce en un contexto de cierre de gobierno que ha dejado a millones de personas sin acceso a ayudas alimentarias. La jueza ha ordenado que las disposiciones del Tribunal de Distrito queden suspendidas administrativamente mientras se resuelve la moción de suspensión en el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.

El fallo de Jackson requiere que el tribunal de apelaciones, que previamente denegó un recurso del Gobierno, emita una orden definitiva sobre la suspensión. Hasta entonces, la obligación del Ejecutivo de asignar los fondos necesarios para el SNAP queda anulada. La Justicia había dictaminado que el Gobierno debía transferir unos 4.000 millones de dólares para financiar el programa antes de este viernes, lo que llevó a la Casa Blanca a recurrir al tribunal de apelaciones y posteriormente a la Corte Suprema.

La jueza ha subrayado la necesidad de una suspensión administrativa para facilitar la pronta resolución de la moción pendiente. Esta medida finalizará 48 horas después del veredicto del tribunal de apelaciones, que se espera sea emitido con prontitud. El cierre de gobierno, que se extiende desde el 1 de octubre debido a la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas, ha complicado la financiación de programas sociales como el SNAP, afectando a millones de personas.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha argumentado que un solo tribunal de distrito no debería tener el poder de influir en el cierre del gobierno y desbaratar las negociaciones políticas que podrían ofrecer soluciones rápidas para el SNAP y otros programas. Por su parte, el presidente Trump ha expresado su intención de mantener el programa de ayudas, incluso con fondos no gubernamentales, destacando su compromiso con el bienestar de los ciudadanos.

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