El Tribunal de Tarija declaró en rebeldía al expresidente de Bolivia Evo Morales y reactivó su orden de captura internacional. 

Está acusado de trata agravada de personas por mantener una relación con una joven de 15 años y con quien habría tenido una hija en 2016, cuando se desempeñaba como presidente, lo que implica circunstancias de poder. También investigan a los padres de la joven por dar consentimiento.

La reactivación de la orden de captura se da luego de que el exmandatario faltara por segunda vez consecutiva a las audiencias solicitadas por la Justicia. Ante esta situación, el abogado defensor Willfredo Chávez impugnó la decisión bajo el argumento de una falta de notificación personal. Para él, el Tribunal utilizó un edicto judicial en lugar de una comunicación directa, acción que calificó como un "vicio de fondo".

Chávez sostiene que el proceso constituye una maniobra de persecución política para desviar la atención sobre la gestión del actual presidente, Rodrigo Paz. Sin embargo, y pese a los reclamos, el cuerpo de magistrados desestimó el planteo y ratificó la validez del pedido de captura: ordenó a las fuerzas locales a dar con el paradero de Morales para garantizar la continuidad del debate oral.

Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, donde está custodiado por cientos de simpatizantes que hicieron un cerco de seguridad permanente desde octubre pasado, por lo que el acceso de las fuerzas de seguridad es prácticamente imposible.

 La resolución del Tribunal de Tarija traslada ahora la responsabilidad al Ministerio de Gobierno, que deberá diseñar un operativo de captura en el bastión cocalero. La ejecución de la orden de aprehensión determinará si el proceso por trata logra avanzar hacia la etapa de sentencia o si la causa permanece paralizada por la resistencia territorial del líder político