El equipo del fiscal especial Cho Eun-suk pidió la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol por su breve imposición de la ley marcial en 2024, acusándolo de liderar una insurrección que buscaba mantenerlo indefinidamente en su puesto tomando el control del poder judicial y legislativo de Corea del Sur.

Según informó la la agencia Yonhap, esto ocurrió durante la audiencia final del juicio de Yoon en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, poco más de un año después de que el entonces presidente declarara la ley marcial, el 3 de diciembre de 2024, con el objetivo declarado de erradicar a fuerzas antiestatales.

"El expresidente Yoon declaró la ley marcial con el propósito de permanecer en el poder durante mucho tiempo al apoderarse del poder judicial y legislativo", declaró el fiscal especial adjunto Park Eok-su.

"La naturaleza del delito es grave, ya que movilizó recursos físicos que deberían haberse utilizado únicamente en aras del colectivo nacional", agregó el funcionario judicial.

Yoon está acusado de haber conspirado con el exministro de Defensa Nacional Kim Yong-hyun y otros para declarar la ley marcial en diciembre de 2024, un acto inconstitucional e ilegal, con la intención de subvertir la Constitución, a pesar de la ausencia de indicios de guerra, incidentes o un estado de emergencia nacional similar, recuerda el medio.

También se lo acusa de movilizar tropas y policías a favor de la ley marcial con el objetivo de bloquear la Asamblea Nacional, obstruir la votación para levantar la ley marcial e intentar arrestar y detener a figuras clave, entre ellas el presidente de la Asamblea Nacional Woo Won-sik; el presidente Lee Jae-myung (entonces líder del Partido Democrático de Corea); el exlíder del Partido del Poder Popular Han Dong-hoon; y funcionarios de la Comisión Electoral Nacional.

Yoon se convirtió en el primer presidente en funciones de Corea del Sur en ser detenido en el marco de una causa judicial, en enero del año pasado.

Fue liberado en marzo, tras una orden judicial que canceló su arresto, pero fue puesto bajo custodia de nuevo en julio, por cargos adicionales relacionados con su breve instauración de la ley marcial.

Park dijo, asimismo, que el expresidente Yoon no reflexionó sobre la forma en que sus acciones condujeron a una grave violación del orden constitucional y de la democracia. Agregó que la mayor víctima fue el pueblo, que se opuso a la dictadura y el autoritarismo.

Corea del Sur no ha llevado a cabo ejecuciones desde 1997; desde entonces únicamente se dictó una sentencia de muerte en 2018 y 61 personas permanecen en el corredor de la muerte.