Francia atraviesa una creciente crisis educativa y social por una ola de protestas estudiantiles que comenzó en la periferia de París y se extendió a distintas ciudades del país en medio de la movilización sindical contra el congelamiento salarial.

Este viernes, más de 400 liceos permanecieron cerrados y las autoridades contabilizaron 564 establecimientos afectados por acciones o disturbios. El movimiento comenzó con reclamos por la falta de profesores, las aulas numerosas, los horarios extensos y el deterioro de los edificios escolares. 

En los últimos días sumó bloqueos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, mientras el Gobierno intenta contener la escalada y abrir una instancia de diálogo. 

La jornada del jueves marcó el punto de mayor tensión hasta ahora. Según el Ministerio del Interior, la policía realizó 1.949 detenciones y más de 300 agentes resultaron heridos. También se registraron daños graves en más de un centenar de establecimientos y episodios violentos en varias ciudades. 

El viernes, las autoridades mantuvieron cerrados cerca de 400 de los 3.700 liceos del país. Además, todos los prefectos prohibieron las concentraciones en los alrededores de los establecimientos clausurados. En París, la medida alcanzó a 13 instituciones. 

La protesta también llegó a las universidades. Según las organizaciones estudiantiles, alrededor de 30 campus se sumaron a la movilización, que amplió sus reclamos a cuestiones como las becas, las ayudas para vivienda y la reducción de puestos en el sistema educativo.

La escalada de violencia

En distintas ciudades se registraron contenedores incendiados, daños en establecimientos, lanzamiento de fuegos artificiales y enfrentamientos con la policía. 

En Nantes, un incendio afectó al instituto Nelson Mandela y obligó a evacuar a 160 alumnos. En Rouen también se registraron daños en un establecimiento educativo. En Marsella, la situación alcanzó uno de los episodios más graves cuando personas que participaban de los disturbios rociaron con gasolina a integrantes del personal de un instituto. En la misma ciudad, manifestantes incendiaron un camión de bomberos que había acudido a controlar un incendio en otro establecimiento. 

El Ministerio de Educación informó que 65 trabajadores del sector resultaron heridos desde el comienzo de las protestas, entre ellos 40 directores de establecimientos. También reportó 170 alumnos heridos.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, reconoció que las demandas de los estudiantes deben ser escuchadas, pero cuestionó los episodios violentos. Según su interpretación, grupos externos se sumaron a las movilizaciones y llevaron algunos bloqueos hacia hechos de mayor gravedad. 

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificó la situación como un episodio de "violencia urbana" y advirtió que las fuerzas de seguridad intervendrán ante ataques o bloqueos totales. El jueves, según sus datos, más de 300 policías y gendarmes resultaron heridos durante los disturbios. 

El reclamo que originó las protestas

La movilización comenzó el 21 de septiembre en un instituto de Créteil, en la región parisina, y luego se extendió a Marsella, Lyon, Lille, Nantes y otras ciudades. 

Los estudiantes cuestionan la falta de docentes, el tamaño de las clases, los horarios extensos y las condiciones edilicias. También reclaman por las temperaturas dentro de las aulas y la falta de equipamiento. 

Una estudiante de Caen, citada por France 24, resumió parte del reclamo al cuestionar el gasto en dispositivos destinados a limitar el uso de celulares mientras, según su relato, faltan inversiones en calefacción, aire acondicionado y salarios docentes.

Los universitarios incorporaron otras demandas vinculadas con la eliminación de puestos, las becas y la congelación de la ayuda personal para vivienda. El contexto también está marcado por la discusión del presupuesto francés para 2027 y por el programa de reducción del gasto público.

La respuesta del Gobierno

El primer ministro Sébastien Lecornu convocó a un gabinete de crisis para analizar la situación y pidió a sus ministros que cancelaran o postergaran viajes oficiales para concentrar recursos en las zonas afectadas. 

En paralelo, Geffray recibió a sindicatos docentes, organizaciones estudiantiles, asociaciones de padres y representantes de organismos vinculados con la vida escolar. El Gobierno anunció una plataforma de consulta para que los estudiantes puedan presentar sus reclamos y luego elaborar una respuesta nacional. 

La Justicia también tomó medidas. El ministro Gérald Darmanin pidió a los fiscales que impulsen la responsabilidad civil de los padres por los daños que sus hijos puedan provocar durante los disturbios. Según sus declaraciones, cerca del 90% de los detenidos son menores de edad. "Paguen los daños", planteó Darmanin al explicar su pedido a los fiscales, que apunta a que los responsables civiles afronten las reparaciones por los destrozos. 

El conflicto también abrió una disputa política

La expansión de las protestas derivó en acusaciones entre el Gobierno y La Francia Insumisa (LFI), el partido de izquierda radical liderado por Jean-Luc Mélenchon. 

El Ejecutivo sostiene que dirigentes de LFI contribuyeron a impulsar las movilizaciones y acusó al espacio de alentar los bloqueos. El coordinador del partido, Manuel Bompard, respondió que el Gobierno cae en el "conspiracionismo". 

Otros dirigentes también se involucraron en el debate. El alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, integrante de LFI, respaldó las movilizaciones y sostuvo que la violencia puede resultar legítima en determinados contextos, aunque luego llamó a mantener la calma.

Desde la derecha, dirigentes como Marine Le Pen y Bruno Retailleau responsabilizaron a LFI por la escalada. Sus acusaciones forman parte de una disputa política que se desarrolla en paralelo al conflicto educativo y que gana relevancia a medida que se aproxima la elección presidencial de 2027.

La Unión Sindical de Estudiantes anunció que continuará con las protestas y convocó a una nueva movilización nacional para el martes 6 de octubre. El Gobierno, mientras tanto, apuesta al diálogo para intentar que los liceos vuelvan a funcionar con normalidad y evitar que los reclamos educativos vuelvan a quedar desplazados por los episodios de violencia.