En un fallo que ha generado controversia, un juez de inmigración de Estados Unidos ha denegado la moción presentada por los abogados del salvadoreño Kilmar Ábrego para reabrir su caso de asilo. Ábrego, quien fue deportado previamente a El Salvador, había regresado a Estados Unidos alegando un error en su deportación. Sin embargo, el juez Philip Taylor consideró que su solicitud de asilo era "extemporánea", ya que fue presentada casi seis años después de su proceso de inmigración inicial, superando el plazo de 90 días establecido.

El caso de Ábrego se ha convertido en un símbolo de las políticas migratorias de la Administración de Donald Trump. A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional había notificado a su equipo legal sobre la posibilidad de deportarlo a Uganda, el juez Taylor argumentó que la palabra "podría" no implicaba una decisión inminente. Además, el magistrado desestimó las pruebas presentadas por Ábrego sobre su temor a ser torturado o asesinado por el Gobierno salvadoreño, al ser considerado miembro de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

El Departamento de Seguridad Nacional ha celebrado el fallo, manteniendo la orden final de deportación de Ábrego. La cartera lo acusa de ser "miembro de una pandilla MS-13 y traficante de personas", aunque Ábrego se ha declarado no culpable de estas acusaciones. Además, enfrenta otro juicio en Maryland por cargos similares. La situación ha generado críticas, especialmente por la visita del senador Van Hollen a Ábrego, lo que ha sido utilizado por el Departamento para atacar al Partido Demócrata.

Ábrego fue deportado en marzo, a pesar de que un juez le había otorgado en 2019 el estatus de protección temporal tras huir de El Salvador por la violencia de las pandillas. La Administración reconoció haberlo deportado por error, pero ha continuado impidiendo su regreso a Estados Unidos. Este caso resalta las complejidades y desafíos del sistema de inmigración estadounidense, así como las tensiones políticas en torno a las políticas migratorias.