En un fallo significativo, la jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly ha invalidado la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretendía exigir pruebas documentales de ciudadanía a los votantes en Estados Unidos. La magistrada argumentó que esta medida es inconstitucional, ya que la regulación de las elecciones federales es una responsabilidad que recae en los estados y el Congreso, no en el presidente. Este fallo subraya la importancia de mantener la separación de poderes y limita la capacidad del presidente para imponer cambios unilaterales en el proceso electoral.

La orden de Trump, emitida en marzo, buscaba endurecer los requisitos de ciudadanía en el registro electoral y amenazaba con recortar la financiación a los estados que no garantizaran elecciones limpias. Una de las modificaciones más controvertidas era la inclusión de una pregunta adicional en el formulario de registro de votantes para solicitar documentos que probaran la nacionalidad. Esta medida fue vista como parte de la retórica del Partido Republicano sobre el supuesto registro de inmigrantes indocumentados en las elecciones.

La jueza Kollar-Kotelly ya había bloqueado previamente varias secciones clave de esta orden de manera cautelar. En su nuevo fallo, concluyó que Trump había excedido su autoridad presidencial.

"El presidente ha hecho mucho más que expresar sus opiniones: ha emitido una 'orden' instruyendo que una comisión independiente 'deberá' requerir cambios a un documento cuyo contenido el Congreso ha regulado estrictamente. (...) Ese mandato excede la autoridad del presidente", reza el fallo judicial. Esta decisión representa un revés para las políticas de Trump y reafirma el papel del Congreso en la regulación de las elecciones.