La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lanzó oficialmente su candidatura para las elecciones presidenciales de 2026, marcando su cuarto intento por llegar al poder en un país que, en apenas una década, habrá elegido nueve presidentes, lo que evidencia una inestabilidad política crónica que condiciona la agenda económica y social de Perú.

La presentación se realizó confirmó una fórmula encabezada por Fujimori e integrada además por Luis Galarreta y Miguel Torres como candidatos a las vicepresidencias, dos referentes de peso dentro de su partido.

La fragmentación y la falta de figuras competitivas dominan la escena electoral. Según una encuesta de noviembre, ningún precandidato supera el 10% de intención de voto, mientras que un 30% de los peruanos asegura que votaría en blanco, lo que evidencia el profundo descrédito hacia la dirigencia política.

El espacio de aspirantes incluye al exalcalde limeño Rafael López Aliaga, a Mario Vizcarra ùhermano del expresidente Martín Vizcarraù y al humorista Carlos Álvarez, entre otros. En ese contexto, Fujimori busca reposicionarse como alternativa con una propuesta de "mano dura" inspirada en el legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

Aunque recién a mediados de diciembre presentará su plan de gobierno, la candidata adelantó que la lucha contra la violencia y la inseguridad ciudadana será su principal bandera. El desafío será lograr un desmarque del deterioro de la imagen de Fuerza Popular, que en los últimos años actuó como el principal sostén parlamentario de la presidenta Dina Boluarte, cuya caída final llegó recién en octubre tras un nuevo pico de conflictividad interna.

Desde su primera carrera presidencial en 2011, Fujimori ha acumulado derrotas ajustadas en 2011, 2016 y 2021 ùesta última por apenas unos miles de votos y con resultados que se negó a reconocerù, pero consiguió mantener una fuerte influencia en el Congreso, donde su partido ejerció un control decisivo durante años.

El historial judicial también ha marcado su trayectoria: Fujimori pasó por prisión preventiva acusada de financiación ilegal de campañas, causas que el Tribunal Constitucional terminó desestimando.