La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable a Venezuela por la detención ilegal y las torturas sufridas por Jorge Rojas Riera durante una protesta en Caracas en 2003. Como medida de reparación, ordenó el cierre de la cárcel El Helicoide, uno de los centros de detención más cuestionados del país.

La sentencia fue notificada este miércoles 10 de junio. El tribunal concluyó que el Estado vulneró la libertad personal, la libertad de expresión, el derecho de reunión y los derechos políticos de la víctima.

Qué medidas tomó la Corte IDH

La Corte sostuvo que la continuidad de El Helicoide es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte sostuvo que la reclusión de Rojas Riera en ese establecimiento agravó el riesgo para su integridad física y sus garantías judiciales, una situación que, según el tribunal, persiste para quienes permanecen detenidos allí.

El fallo también recordó que organismos internacionales documentaron denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en ese centro de reclusión.

Además del cierre de El Helicoide, la Corte ordenó reabrir las investigaciones sobre las torturas denunciadas e implementar protocolos especializados para investigar este tipo de delitos.

También exigió la creación de un registro oficial de denuncias por torturas y malos tratos, así como el pago de indemnizaciones a Jorge Rojas Riera y a su madre, Jackeline Riera Pietri, reconocida por el tribunal como víctima de las consecuencias del caso.

El caso Rojas Riera

Jorge Rojas Riera participaba en tareas de apoyo logístico de una manifestación en la Plaza Francia de Altamira, en Caracas, cuando fue detenido el 19 de septiembre de 2003 por agentes de la entonces Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP).

Según la Corte, los funcionarios actuaron vestidos de civil, sin identificarse y portando armas largas.

Tras el operativo, trasladaron al manifestante a El Helicoide. El tribunal concluyó que la detención fue ilegal y que nunca recibió información suficiente sobre los motivos de su arresto. Además, permaneció en prisión preventiva durante tres meses y 16 días sin una justificación compatible con los estándares internacionales.

La sentencia determinó que Rojas Riera fue golpeado, amenazado con violencia sexual y sometido a simulacros de ejecución mientras permanecía detenido. Esos hechos constituyeron actos de tortura cometidos por agentes estatales cuando la víctima se encontraba bajo custodia oficial.

El fallo también responsabilizó a Venezuela por no investigar ni sancionar a los responsables de esos abusos.

¿Puede Venezuela incumplir el fallo?

La Corte IDH sostuvo que el fallo resulta obligatorio respecto de los hechos ocurridos cuando Venezuela aún reconocía la jurisdicción contenciosa del tribunal.

El artículo 68 del tratado establece que los Estados parte se comprometen a cumplir las decisiones de la Corte en todos los casos en los que intervienen. Además, la propia Constitución venezolana incorpora esa obligación.

"(Se) adoptarán, conforme a los procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales", indica el artículo 31 de la legislación.

Sin embargo, la Corte no cuenta con mecanismos coercitivos directos para ejecutar sus sentencias. El exjuez de la Corte IDH Sergio García Ramírez señaló que el sistema internacional "no provee, salvo excepcionalmente, la posibilidad de imponer" el cumplimiento de los fallos y que, en ese sentido, "la contundencia de las sentencias internacionales es menor que la de las sentencias nacionales".

Por ello, la ejecución de las medidas ordenadas depende en gran parte de la voluntad de los Estados y del proceso de supervisión que realiza el propio tribunal para verificar avances o incumplimientos.