Durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump, la promesa de priorizar la expulsión de "criminales peligrosos" no encontró respaldo en los propios registros del Gobierno. Un documento interno del Department of Homeland Security (DHS) mostró que menos del 14% de las personas arrestadas por el Immigration and Customs Enforcement (ICE) tenía cargos o condenas por delitos violentos.

El informe, que cubre el período entre el 21 de enero de 2025 y el 31 de enero de este año, ofrece el panorama más detallado hasta ahora sobre a quiénes alcanzaron las redadas migratorias durante la nueva gestión republicana.

Los números detrás de las redadas

Según el documento, ICE realizó alrededor de 393.000 arrestos en ese lapso. De ese total, casi el 40% correspondió a personas sin antecedentes penales, detenidas únicamente por infracciones civiles migratorias, como residir en EEUU sin estatus regular o exceder el plazo de una visa.

Entre quienes sí registraban cargos o condenas, la mayoría no estaba vinculada a delitos violentos. El desglose interno consignó que menos del 2% tenía acusaciones o condenas por homicidio o agresión sexual; cerca del 2% figuraba como presunto integrante de bandas; y, en total, los delitos violentos explicaron 13,9% del total de arrestos.

El contraste con el discurso oficial

La brecha entre los datos y las declaraciones públicas quedó expuesta. En noviembre, la vocera del DHS Tricia McLaughlin sostuvo: "A pesar de lo que sostienen los medios y los demócratas, el 70% de todos los arrestos del ICE corresponde a extranjeros ilegales condenados o acusados de un delito en EEUU". Esa cifra puede resultar técnicamente correcta si se consideran delitos en sentido amplio, pero el núcleo del informe interno apunta a otro dato: la baja proporción de delitos violentos entre los detenidos.

Durante la campaña y ya en la Casa Blanca, Trump insistió con ese eje. "El primer día lanzaré el mayor programa de deportación de criminales en la historia de Estados Unidos", dijo en un acto en el Madison Square Garden en octubre de 2024. En una conferencia de prensa reciente volvió a defender el enfoque: "Están deteniendo asesinos, narcotraficantes, gente muy mala... algunos son asesinos brutales".

Qué muestran otras fuentes

Los registros del DHS coincidieron con análisis independientes. Un trabajo del The New York Times indicó que solo el 7% de los inmigrantes detenidos entre enero y octubre de 2025 tenía condenas por delitos violentos. Otros relevamientos detectaron decenas de miles de arrestos de personas sin antecedentes penales.

El informe interno también detalló un fuerte salto operativo: ICE triplicó los arrestos administrativos respecto del año fiscal 2024. Aun así, la proporción de detenidos con historial criminal cayó del 72% a casi 60%.

Tensión política y repliegue parcial

La difusión de los números se produjo en medio de un clima de rechazo social creciente. Tras dos muertes de civiles durante operativos en Minneapolis, la Casa Blanca removió al jefe local del ICE, Greg Bovino, y lo reemplazó por el "zar de la frontera" Tom Homan. Luego anunció el retiro de 700 agentes de la ciudad.

Trump admitió que el sistema de deportación masiva requería ajustes, aunque advirtió que los agentes seguirían siendo "duros" y que se procesaría a quienes obstruyeran los operativos. En paralelo, encuestas recientes mostraron un giro en la opinión pública: una mayoría consideró que el ICE avanzó "demasiado lejos" en su accionar.

Al cierre del primer año del segundo mandato, los propios registros del DHS dejaron una imagen precisa del alcance real de las redadas: una maquinaria ampliada, con impacto mayoritario sobre inmigrantes sin antecedentes violentos, lejos del relato de "los peores de los peores".