Minnesota se prepara para una jornada inédita de protesta social: las calles tendrán menos movimientos, los locales permanecerán cerrados y la vida cotidiana se pone en pausa por un reclamo contra las políticas migratorias de Donald Trump. 

Cientos de comercios bajarán sus persianas y miles de personas prometen suspender su rutina diaria -no ir al trabajo, no consumir, no salir a cenar- como parte de una huelga general convocada en rechazo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE por sus siglas en ingles. 

La creación de la agencia irrumpió con la cotidianeidad de los habitantes, especialmente en las áreas metropolitanas de Mineápolis y St. Paul. Bajo el lema "Día de la Verdad y la Libertad", los organizadores llamaron a una huelga general acompañada por actos religiosos, manifestaciones y un boicot económico masivo.

ICE agencia federal que depende del Departamento de Seguridad Nacional y que tiene como función principal hacer cumplir las leyes migratorias, incluyendo la detención y deportación de personas en situación irregular. En las últimas semanas, su presencia en Minnesota se volvió motivo de fuerte controversia.

"Es un momento emocionalmente muy duro. Hay dolor, pero también una determinación colectiva que no veía desde hace años", expresó al medio The New York Times el obispo Dwayne Royster, director ejecutivo de Faith in Action, una de las organizaciones que participa en la coordinación de la jornada. Según sostuvo, la comunidad está respondiendo con una fuerte vocación de unidad frente al miedo y la incertidumbre.

La convocatoria se expandió con rapidez. Sindicatos docentes, trabajadores de la hotelería, pequeños comerciantes y vecinos se sumaron al llamado al boicot económico. En Mineápolis y St. Paul, numerosos negocios anunciaron que permanecerán cerrados, mientras que otros permitirán a sus empleados ausentarse sin sanciones. Algunos residentes, incluso, optaron por ayunar como forma simbólica de protesta.

Entre quienes decidieron cerrar se encuentra Alison Kirwin, dueña del histórico restaurante Al's Breakfast. "Perder un día de ingresos es un costo que vale la pena si sirve para defender lo que creemos justo", afirmó.

La huelga se produce luego de semanas de choques entre la población local y agentes federales. Desde fines del año pasado, los operativos migratorios derivaron en cerca de 3000 detenciones, episodios de violencia armada y escenas de caos urbano. El punto más crítico fue el 7 de enero, cuando un agente del ICE mató a Renee Good, una ciudadana estadounidense, durante un operativo en Mineápolis.

Ese hecho intensificó los reclamos para limitar la actuación de las fuerzas federales y derivó en demandas judiciales impulsadas por funcionarios estatales y organizaciones civiles. Sin embargo, desde el gobierno nacional sostienen que la ofensiva migratoria es necesaria para combatir el fraude en el sistema de asistencia social y respaldaron la actuación del agente involucrado.

En ese contexto, el vicepresidente JD Vance visitó Mineápolis y aseguró que la administración busca "bajar la temperatura" del conflicto. No obstante, calificó a los manifestantes como "agitadores de extrema izquierda" y responsabilizó a las autoridades locales por la escalada de tensión, al acusarlas de falta de cooperación con el gobierno federal.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, un funcionario fue aún más duro y describió la huelga como "una locura", al tiempo que difundió una lista de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales para justificar los operativos.

El impacto económico potencial no es menor. Minnesota alberga las sedes de 17 empresas de la lista Fortune 500, aunque ninguna de las principales corporaciones del estado se pronunció públicamente sobre la protesta. Aun así, líderes sindicales anticipan que podría tratarse de la mayor acción coordinada de trabajadores en la historia local.

"No podemos quedarnos inmóviles mientras esto sigue avanzando. Tenemos que usar todas las herramientas disponibles para resistir", sostuvo Christa Sarrack, dirigente sindical del sector hotelero. Otros referentes, en cambio, reconocen las dificultades legales y económicas de sumarse a una huelga no formalizada, y optaron por impulsar formas alternativas de protesta, como el boicot al consumo.