En un operativo de gran escala, las autoridades de inmigración de Estados Unidos han detenido a cientos de trabajadores en una fábrica de Hyundai en Georgia. La mayoría de los detenidos son ciudadanos surcoreanos, lo que ha generado una respuesta crítica del gobierno de Corea del Sur. Esta redada es parte de una investigación sobre prácticas laborales ilegales y otros delitos federales graves, y ha paralizado la construcción de una planta de baterías para vehículos eléctricos que Hyundai desarrolla junto a LG Energy Solution.

El portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Lee Jaewoong, ha expresado su rechazo a la redada, señalando que los trabajadores detenidos formaban parte de una "red de subcontratistas". En un comunicado, el ministerio enfatizó que las actividades económicas de las empresas coreanas y los derechos de sus ciudadanos no deben ser infringidos injustamente durante las operaciones de aplicación de la ley en Estados Unidos.

Por su parte, Hyundai ha confirmado la operación policial, pero ha negado que los detenidos trabajen "directamente" para la empresa. La automotriz ha reafirmado su compromiso con el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en los mercados donde opera. "Esperamos el mismo compromiso de todos nuestros socios, proveedores, contratistas y subcontratistas", declaró la compañía, que ha designado a Chris Susock para liderar una investigación interna sobre el cumplimiento de normas.

Esta operación se enmarca en una serie de redadas laborales impulsadas por el gobierno de Donald Trump, quien ha prometido llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia. Con aproximadamente un 5% de la fuerza laboral estadounidense compuesta por inmigrantes indocumentados, la represión creciente amenaza con impactar significativamente la producción económica del país.