El Reino Unido confirmó que las nuevas licencias para explorar y explotar hidrocarburos en las Islas Malvinas deberán contar con el consentimiento del secretario de Estado de Asuntos Exteriores británico, además de atravesar el proceso de autorización de la administración de las islas.

La definición fue comunicada al Parlamento británico el 1° de octubre, en una respuesta del subsecretario parlamentario de Estado, Stewart Wood, a una consulta de la Cámara de los Lores. El cargo de secretario de Estado de Asuntos Exteriores está actualmente en manos de Edward Miliband.

La respuesta establece que el Gobierno de las Islas Malvinas conserva las competencias sobre el desarrollo de los hidrocarburos y sobre el marco regulatorio de las actividades, incluidas las cuestiones vinculadas con seguridad y protección ambiental. Pero, al mismo tiempo, cualquier nueva licencia de hidrocarburos necesita el consentimiento del funcionario británico.

No se trata, según la propia documentación parlamentaria británica, de una regla creada en los últimos días. Londres ya había explicado en septiembre que el secretario de Estado tiene ese papel previsto por la legislación aplicable a las islas. La novedad de ahora es que esa intervención volvió a quedar expuesta públicamente en el Parlamento justo cuando la disputa con Argentina se concentra cada vez más en el petróleo.

El petróleo que quedó en el centro de la disputa

El trasfondo es un recurso que dejó de ser una promesa geológica para convertirse en un proyecto concreto. Sea Lion, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, avanza hacia el desarrollo de un yacimiento en la Cuenca Malvinas Norte con la expectativa de comenzar a producir petróleo en 2028.

Para las autoridades británicas y la administración de las islas, el desarrollo de esos recursos forma parte del derecho de los habitantes del archipiélago a desarrollar su economía. Esa es la posición que Londres volvió a sostener ante el Parlamento y que vincula con su interpretación del principio de autodeterminación.

Para la Argentina, en cambio, el punto de partida es otro: las Islas Malvinas, los espacios marítimos circundantes y sus recursos forman parte del territorio nacional, de acuerdo con la posición soberana que sostiene el Estado argentino y con lo establecido por la Constitución Nacional.

Por eso, cada paso que acerca el proyecto Sea Lion a la extracción de petróleo tiene una lectura que va mucho más allá de un negocio energético. Para Argentina se trata de actividades desarrolladas en un territorio cuya soberanía reclama y cuya explotación de recursos considera no autorizada.

La Argentina endureció su respuesta

Durante septiembre, el Gobierno de Javier Milei avanzó en distintas vías para intentar frenar las operaciones hidrocarburíferas alrededor de las islas.

El 4 de septiembre, la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por presuntas infracciones a la Ley de Hidrocarburos 26.659. Cuatro días después, sumó otros 15 sujetos, entre personas y compañías vinculadas con actividades de exploración y explotación que la Argentina considera ilegítimas en su plataforma continental.

La ofensiva también llegó al terreno penal. El Gobierno presentó denuncias contra empresas vinculadas con Navitas Petroleum, una de las compañías involucradas en Sea Lion, al considerar que las licencias otorgadas bajo el esquema británico contradicen la legislación argentina.

El Ejecutivo, además, envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla nuevas herramientas para sancionar a quienes participen en la explotación de recursos que Argentina considera propios.

La discusión sumó una dimensión internacional el 28 de septiembre, cuando Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo planteado por la Argentina es impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte a través de Sea Lion y evitar nuevas autorizaciones para explotar recursos naturales en la plataforma continental que el país reivindica como propia.

Londres respaldó el desarrollo de los recursos

Mientras Buenos Aires multiplicaba sus acciones, el Gobierno de las Islas Malvinas avanzaba en sentido contrario.

El 21 de septiembre, la administración del archipiélago anunció la extensión por cinco años de las licencias offshore existentes, con la posibilidad de sumar otros dos años, y confirmó que la decisión contaba con el respaldo del Gobierno británico. Ese mismo día aprobó la adquisición por parte de Navitas de una participación del 65% en el área PL001.

La decisión volvió a poner sobre la mesa una cuestión central para la Argentina: mientras continúa el reclamo de soberanía, las autoridades británicas y la administración de las islas avanzan con decisiones sobre recursos ubicados en una zona cuya soberanía Buenos Aires no reconoce como británica.

Ese es también el motivo por el que la confirmación sobre las licencias adquiere especial peso ahora. El Parlamento británico dejó asentado que Londres mantiene una instancia de aprobación sobre futuras autorizaciones, mientras que Argentina intenta impedir que nuevas operaciones hidrocarburíferas consoliden una explotación que considera contraria a sus derechos soberanos.

La disputa llegó hasta las empresas que prestan servicios

La presión argentina no se concentró únicamente en las compañías que tienen participación directa en los yacimientos.

El 2 de octubre, el Gobierno informó que Halliburton, una de las principales empresas de servicios petroleros del mundo, confirmó que ninguna de sus filiales prestará servicios para Sea Lion ni participará en actividades de exploración o producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

Para la Argentina, la decisión representa un nuevo límite a la posibilidad de avanzar con un proyecto petrolero que Buenos Aires considera ilegítimo mientras persista la disputa de soberanía.

El escenario queda así planteado en dos planos que avanzan en direcciones opuestas. Reino Unido sostiene que los habitantes de las islas pueden desarrollar sus recursos naturales y ratifica su participación en la autorización de nuevas licencias. Argentina, por su parte, busca utilizar herramientas administrativas, judiciales y diplomáticas para impedir la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina y mantener vigente su reclamo sobre el ejercicio pleno de la soberanía.

En el medio está Sea Lion, el proyecto que convirtió al petróleo de Malvinas en uno de los principales puntos de fricción entre ambos países y que, si mantiene su cronograma, apunta a comenzar a producir en 2028.

La confirmación británica de esta semana agrega una pieza más a esa disputa: cualquier nuevo desarrollo hidrocarburífero no dependerá solamente de las autoridades de las islas, sino que también deberá pasar por Londres.