En un giro judicial significativo, un tribunal de apelación de Estados Unidos ha decidido otorgar al presidente Donald Trump el control sobre la Guardia Nacional de Oregón. Sin embargo, la corte ha mantenido la prohibición de desplegar estas tropas en cualquier parte del estado. Esta decisión se produce en el contexto de un despliegue militar ordenado por Washington en la ciudad de Portland, que ha generado controversia y oposición por parte de las autoridades locales.

El panel de tres jueces argumentó que la suspensión administrativa preserva el statu quo, permitiendo que los miembros de la Guardia Nacional sean federalizados, pero no desplegados. Esta medida responde a la decisión de la jueza de distrito Karin Immergut, quien previamente había prohibido la federalización y el despliegue de 200 tropas en Oregón. La administración Trump, por su parte, ha considerado que Immergut cuestionó inadmisiblemente las decisiones militares del mandatario.

En respuesta a la prohibición, la Casa Blanca optó por enviar tropas federalizadas de California y Texas a Portland, a pesar de la oposición del gobernador de California, Gavin Newsom. Newsom se unió a la iniciativa legal de Oregón para mantener a las tropas federalizadas fuera de Portland. La jueza Immergut accedió a esta solicitud, impidiendo que Trump desplegara unidades de la Guardia Nacional en Oregón, al considerar que contravenía directamente su orden anterior.

Esta decisión judicial se enmarca en el contexto de las políticas migratorias de Trump, que han incluido el despliegue de la Guardia Nacional en estados gobernados por demócratas, como Illinois y Oregón. Anteriormente, Trump había ordenado despliegues similares en California y Washington, generando tensiones entre el gobierno federal y las administraciones estatales.